Javier Orozco
20 de agosto de 2012
Milenio
Como si se tratara de una copia fiel en su actuar, MVS y el PRD llevan sus inconformidades al plano mediático, en lugar de esperar a las instancias legales a que resuelvan, como cualquier otra persona, arman todo un libreto y lo exponen a los medios para no reconocer lo que es la realidad.
En el caso del rescate de la banda de 2.5 GHz a la empresa MVS solo le falta presentar bulbos, antenas, cables, decodificadores o televisores como pruebas; así como el PRD da fe pública de gallinas, borregos, puercos y guajolotes como testimonio de “compra de votos”.
Es tanta su similitud que AMLO, Marcelo Ebrard y los futuros legisladores perredistas han manifestado que el rescate de la banda 2.5, atenta contra la libertad de expresión. Está aseveración surge a raíz de que el señor Joaquín Vargas, manifestó que existió un “chantaje”, de parte del gobierno federal al presionarlo sobre la recontratación de la periodista Carmen Aristegui.
Como se recordará, en abril del año pasado MVS inventó la “censura” gubernamental y se quiso colocar como mártir de la1 industria de las telecomunicaciones, llevó a MVS a realizar lo que ningún medio se había atrevido: hacer ver mal al Presidente, que en nuestro caso es por disposición legal, Jefe de Estado y de Gobierno.
Para evitar el rescate de las concesiones en telecomunicaciones incrustaron a la periodista Aristegui en el centro del debate, cuando las concesiones de radio de MVS que usa la periodista, no tienen ni medio problema.
Hay ciertas exigencias públicas que marcan la posición del individuo frente al Estado. Entre esas exigencias se encuentran una5erie de esferas de actividad del individuo que implican el no actuar del Estado; por ejemplo, las libertades de conciencia o de expresión.
Por ello, nadie tiene derecho en una sociedad imponer dictados sobre las libertades enunciadas, ni el gobierno, ni ningún grupo o poder, sea éste económico, social o cultural.
Por-lo tanto, hoy en el anuncio de pruebas de MVS soto resta recordarle que tiene libertad de expresión y acceso a la justicia; en esta última, se resuelven los problemas.