Javier Orozco/ Milenio
Sin lugar a dudas la convocatoria para la elección de comisionados al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se armó con las características de cada uno de los entes del comité de evaluación.
Está confeccionada como una bóveda del Banco de México, donde no se puede ingresar para obtener -en este caso- información; usa todas las delegaciones del INEGI como sedes receptoras de documentación y quiero pensar que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa estableció las materias objeto de examen.
Los requisitos son muy claros para los aspirantes y se trata de llenar una serie de formatos, firmar cartas, recabar constancias y presentarlas en el sitio más cercano a su domicilio. En síntesis, el clásico trámite burocrático
El punto medular se encuentra en saber quién o quiénes tendrán la capacidad y el conocimiento en la materia al grado de dominar las áreas del derecho, economía e ingeniería.
Me queda claro que hoy en día en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión se requiere contar con abogados, economistas e ingenieros, lo cual es necesario para complementar trabajos que tengan que ver con estudios de mercado, legislación e implementaciones técnicas. Cada uno aporta su conocimiento.
Lo que no queda claro es cómo un ingeniero contestará cuál es el papel del derecho procesal constitucional en el sector, o como el abogado definiría qué es la economía de las telecomunicaciones o como el economista señalaría las funciones de los protocolos en telecomunicaciones y en cuántas capas se dividen.
Sin desmerecer el conocimiento y experiencia de los aspirantes, es complejo dominar los tecnicismos de áreas ajenas a su formación profesional; no dudo que exista gente que por sus años en el sector pueda tener idea de un tema, aunque no sea de su especialización.
Finalmente, por los requisitos, no dude usted que académicos y servidores públicos serán los que figuren en las listas finales, ya que hasta ese momento sabremos los nombres. Todo indica que las calificaciones de los exámenes serán un secreto de Estado, lo cual no va con la transparencia que se requiere para este caso.
En fin, la primera prueba de la reforma está en marcha.
-0-
