Javier Orozco/ Milenio.
Llegar a diciembre con una legislación convergente (telecomunicaciones y radiodifusión) no parece un camino fácil en estos momentos, el Congreso y el Poder Ejecutivo enfrentan una coyuntura política compleja. La reforma hacendaria salió con 100 variantes de la Cámara de Diputados y los senadores se aprestan a hacerle otros cambios.
En síntesis, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, cuestión que tiene en alerta al primero de los poderes citados; el que ha cedido en el Pacto por México a las condiciones de los partidos opositores a cambio de dos reformas: la hacendaría y la energética, y todavía no ve claro.
Mientras tanto, los días corren y el plazo de 180 días naturales para una ley convergente comienza su cuenta regresiva; de entrada, qué debemos entender por una ley de tal naturaleza; si somos ortodoxos, convergente es, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española: “Dicho de dos o más líneas: dirigirse a unirse en un punto”.
En efecto, las telecomunicaciones y la radiodifusión, por los avances tecnológicos, se dirigen a un punto de unión y podrán prestar ciertos tipos de servicios, pero también es cierto que ambos ramos tienen sus diferencias.
Éste es el punto donde el Congreso debe estar muy alerta, la reforma constitucional busca competencia e igualdad de condiciones en ambos mercados; caminar en sentido contrario o legislar parcialmente sería un retroceso.
Los temas son muy visibles, establecer en ley los lineamientos, procesos y formas para declarar al preponderante en ambos sectores y que sean sujetos de una regulación asimétrica.
Pero también dar las condiciones jurídicas idóneas para que nuevos jugadores ingresen a las canchas de telecomunicaciones y radiodifusión; nada más erróneo es, crear una ley que no sea pareja y que proteja a un concesionario de un sector u otro.
Menos aún, llegar de nuevo al pasado con un sistema estatista y sobre-regulador. Si otras reformas, como la energética, la política y el propio paquete fiscal, provocan una detonación política entre poderes y partidos, que la ley convergente no se convierta en ficha de cambio. Debe ser una ley pro competitiva y pareja.
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