Javier Orozco/ Milenio.
A 28 días de conocer el número de juzgados de distrito y tribunales de circuito especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, tarea a cargo del Consejo de la Judicatura por mandato constitucional, todo está en sigilo.
Se entiende que la tarea que está realizando la Judicatura no es nada sencilla, no es solo determinar un número al azar, sino realizar todo un análisis del cúmulo de trabajo que prevea que tengan las nuevas instancias judiciales, pero no para ahí, ¿quiénes serán los juzgadores que se hagan cargo de ellos?, su personal de apoyo, ubicación de instalaciones y -de ser necesario- una partida adicional de recursos.
Lo que hizo la reforma constitucional fue quitar del camino instancias de defensa del orden administrativo, para pasar directo al Poder Judicial a impugnar el acto del órgano regulador que corresponda (Ifetel o Comisión de Competencia Económica).
Lo anterior tiene su razón de ser, porque uno de los problemas de los tres sectores enunciados es la llamada litigiosidad, es decir, que cada resolución de los órganos reguladores recorría una serie de procesos judiciales y podían pasar hasta 10 años para saber si se aplicaba una multa.
De ahí que lo que está planeando la Judicatura es de la mayor relevancia, porque tiene que garantizar el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito, asegurar su autonomía y objetividad, así como la honestidad e independencia de sus integrantes.
Pues las materias que serán de su conocimiento (telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica) son de alta complejidad, hoy mismo tenemos el caso de Axtel o bien los más de 200 litigios de Telmex, que no se sabe si se han impuesto las multas o no.
Aquí el problema que se observa es que de instaurarse los juzgados y tribunales especializados el 5 de agosto, la ley convergente y la nueva ley de competencia aún no estarán listas, lo que hará difícil el arranque del ámbito judicial.
No se trata de atacar la reforma, sino de ver sus alcances y las complicaciones que enfrentará, para ver cómo solventar en la legislación secundaria posibles situaciones de incertidumbre jurídica para los sectores económicos.
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