Javier Orozco/ Milenio
No les bastó con bloquear las sedes legislativas del Congreso de la Unión y el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México, ahora, entre las acciones que planea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está “la toma de los medios de comunicación, radio y televisión”.
No es nuevo para la radiodifusión este hecho, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas las estaciones de radio son tomadas por los maestros de la CNTE; el caso más emblemático es el del primer estado, que desde 2006 sufre este problema de manera recurrente.
Los maestros bajo amenazas toman los micrófonos de las estaciones para manifestar sus inconformidades y protestas; naturalmente no lo hacen para impartir una cátedra o dar orientación educativa.
Con las formas tan sutiles de la CNTE, los radiodifusores tienen que darle acceso ante el temor de que sus trabajadores o instalaciones sean dañados.
De una u otra forma, los radiodifusores hacen del conocimiento a los gobiernos federal y estatal correspondientes, pero no ha pasado de respuestas de respaldo y envío de policía estatal; a escala federal sólo han tomado nota los gobiernos panistas.
La radio y televisión son de jurisdicción federal y además es un servicio público por mandato constitucional. Por lo tanto, la Secretaría de Gobernación tiene una gran responsabilidad en estos días de resguardar las instalaciones de los medios; la Ley de la Administración Pública le da la atribución de manejar la seguridad pública y dirigir la Policía Federal.
Ya lo vimos hace unos días en las inmediaciones de San Lázaro, ocupar a la policía del Distrito Federal, que llegó con unos conos de plástico naranja y chalecos fosforescentes, como si se tratara de cuidar niños en cruceros escolares, no sirvió de nada; no se trata de derramar sangre, sino de actuar.
La función de la radio y la televisión es informar y es sabido que a la CNTE no le ha gustado la cobertura de los medios; ir contra éstos no sólo atenta contra la libertad de expresión, es causa de alerta por la rebeldía y desobediencia al orden jurídico. Así que Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, en su ámbito, tienen que actuar.
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