Javier Orozco
Milenio
La Comisión Federal de Competencia (CFC) a través de sus comisionados han hecho manifiesta su total oposición a un proyecto de reforma a la Ley Federal de Competencia que entraría a discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la cual ya fue analizada y aprobada por el Senado.
Dije “entraría” debido a que ante la manifiesta oposición del regulador y el interés de los legisladores de escucharlo y hacer un análisis más profundo, decidieron posponer su discusión y votación para enero.
La iniciativa a la que me refiero tiene por objeto darle un mayor alcance al sistema de ponencias de la CFC y fortalecer a la comisión al alcanzar un mayor equilibrio en la toma de decisiones.
La reforma plantea que las unidades administrativas y el secretario ejecutivo deberán obligatoriamente prestar apoyo al comisionado ponente y se le otorga una mayor participación a este último en el estudio y preparación de los asuntos que le sean turnados, ya que su actuación no se encontraba suficientemente definida.
Este sistema consiste en que todo procedimiento realizado por la CFC se turna a un comisionado ponente para que elabore y presente un proyecto de resolución al pleno del citado órgano.
Se han resaltado muchos beneficios de esta reforma, como el que con el sistema de ponencias se dará una visión más plural, ya que los proyectos de resolución serán elaborados por distintas personas con diferentes enfoques y no por una sola área en la que existe una línea de mando única; y se privilegia la horizontalidad en lugar de la verticalidad, reconociendo la naturaleza colegiada de la CFC.
Sin embargo, esta reforma que promete un sistema de tanta credibilidad como la tiene hoy en día el IFAI, es fuertemente rechazado por la CFC, calificándolo de retrógrada y contra las mejores prácticas internacionales, pero la verdad es que lo único que se busca con ella es evitar la concentración de facultades que tiene el presidente de la CFC en los asuntos que resuelve dicho colegiado.
En conclusión: evitar la concentración y discrecionalidad en un órgano antimonopolios.