Como se ha señalado en otras ocasiones, el hecho de que existan órganos constitucionales autónomos no impide que exista una coordinación en tareas o funciones con el gobierno; de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha dejado asentado en tesis jurisprudenciales.
Lo anterior viene a colación en virtud de la decisión, por mayoría de votos del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para rechazar la propuesta presentada por las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini para promover una controversia constitucional contra determinados artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Entre los diversos artículos que se pretendían contravenir se encontraban los relativos a las facultades otorgadas a dependencias del Ejecutivo federal, al estimar que existe una invasión de facultades en la ley secundaria derivada de la reforma en telecomunicaciones.
Sobre este punto, es pertinente señalar que de los artículos 27 y 28 de la Constitución se desprende que el Ifetel tiene dos tipos de funciones: ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y tiene el desarrollo eficiente de los mismos.
Respecto de la materia de competencia económica se encuentra referida a evitar y sancionar las prácticas monopólicas, función que se le dio en exclusiva, y de la que ya no conoce la Comisión Federal de Competencia Económica.
Por lo que hace al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, bien puede considerarse que la intención del legislador, al establecer un órgano autónomo, fue la de crear una entidad jurídica con la capacidad técnica de regular aspectos tan complejos como el uso y aprovechamiento del espectro.
La ley vigente no plasma ningún artículo que vulnere la autonomía del Ifetel; al contrario, complementa las funciones técnicas, operativas, de política pública y de contenidos, de tal forma que permiten la coexistencia de las diversas dependencias federales y el Ifetel, en beneficio del usuario y las audiencias.
En síntesis, nadie le robó o quitó nada al Ifetel, así se concibió desde el Congreso.
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