2022.02.16
Vía El Economista
En La Mañanera de ayer 15 de febrero, López Obrador apostó su resto. Intentó, otra vez, distraer la atención del presunto tráfico de influencias entre su familia y dos empresas que parecen ser beneficiarias del régimen, atacando de nuevo a Carlos Loret por la ofensa imperdonable de exhibir la presunta corrupción de aquél que detenta el poder, que, por si no se había dado cuenta, es él mismo. Como espectáculo leyó una carta al INAI. Lo más relevante:
“Dí a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas (en la misma Mañanera se contradijo y señaló que él tiene la información confirmada. Si la confirmó, él o su fuente la obtuvo del SAT) hicieron llegar a […] la presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret […] obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos”. Revelar esta información es ilegal.
“Esta persona (Loret) se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral (la Suprema Corte ha establecido que la libertad de expresión de los periodistas está por encima del derecho al honor de los funcionarios públicos, por lo que sólo cabe juzgar un presunto daño moral cuando la información carece de interés periodístico y se divulgó con el exclusivo propósito de dañar. Es evidente que un eventual conflicto de interés entre el presidente y su familia con contratistas del gobierno es de altísimo interés público, por lo que la supuesta calumnia o la supuesta autoridad moral de López Obrador son irrelevantes) y buscar detener el movimiento de transformación […]”. Las diferencias sobre lo que conviene o no al país y las ideas que cualquiera pueda tener sobre ello no pueden ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, que es precisamente lo que está haciendo López Obrador.
“Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret […] para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”. López Obrador no dice quiénes son los beneficiarios de esa supuesta política de pillaje y calumnia -él sí- a Loret al señalarlo como corrupto sin aportar evidencia alguna, algo que Loret sí hizo en el caso de la inexplicada y lujosa vida en Houston del hijo del presidente. El golpeteo político, por otra parte, es normal en las democracias; en las tiranías se considera delito, como parece hacerlo López Obrador.
“No es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores”. Parece que para López Obrador el saqueo es lícito si apuntala su proyecto de “liberar al conjunto de la población de miserias y temores” -sea lo que sea que esto quiera decir-. Una vez más, López Obrador dice que los fondos con los que se paga a Loret son obtenidos por corrupción, sin decir quiénes son los corruptos o qué evidencia tiene. Por otro lado, parece olvidar que el que asigna contratos y distribuye el presupuesto desde hace más de tres años es él mismo.
“Como […] presidente de la República les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret […], socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en […] el servicio de administración tributaria o la unidad de inteligencia financiera”. El presidente tiene expresamente prohibida esta conducta: lo que solicita es la inquisición administrativa de un periodista no sólo por parte del INAI sino por funcionarios públicos que dependen directamente de él: el SAT y la UIF. La intención es intimidar, y eso, es un delito.
“Si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret”. La razón de ser del INAI es garantizar que el gobierno sea transparente y se protejan los datos privados de los particulares. Es el Estado, y López Obrador es el jefe de ese Estado, el obligado a ser transparente, a informar y a garantizar la libertad de expresión y privacidad de datos en beneficio de los particulares, no al revés. Es López y su familia quienes deben dar cuenta de su repentina riqueza, no un particular.
Andrés, el que está violando la ley eres tú.