2019-06-25
Hace unos días se cumplieron seis años de la reforma constitucional de telecomunicaciones que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos en el Pacto por México aprobaron como una medida para hacer avanzar la competencia en las comunicaciones y bajar los precios a favor de los consumidores.
Una disminución de precios (casi inmediata) se logró cuando el Congreso de la Unión ordenó medidas que ningún organismo regulador se había atrevido a hacer en México: eliminar la larga distancia nacional y establecer que el saldo en el “prepago” no se perdiera y durara 12 meses más. Estos logros que los usuarios pudieron percibir desde 2014, llegaron para quedarse.
Sin embargo, el entorno competitivo que llevó a las telefónicas a bajar los precios de 2013 a la fecha en 43% está en riesgo. Esto, porque las partes medulares del régimen de “preponderancia en telecomunicaciones” y otras medidas se han venido eliminando: primero, América Móvil (AMX), controladora de Telcel y Telmex, con un litigio estratégico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró desaparecer a partir del año pasado que las telefónicas no le pagaran por la interconexión. Y ahora, de nueva cuenta en la Corte, se ha circulado un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que permitiría a la principal telefónica del país, AMX, discriminar contra sus competidores, esto al cobrarle mucho más caro a sus usuarios por llamar a los de AT&T y Telefónica, que lo que les cobra por llamar a los de Telcel.
En el mismo litigio en la Corte, AMX también está tratando de desaparecer que sean revisadas y aprobadas sus tarifas, algo que en realidad está vigente desde 1990. Sin ese ejercicio por parte del regulador, AMX podrá de igual forma discriminar con mayor facilidad a AT&T y a Telefónica.
No satisfecho con lo arriba señalado, es el propio presidente “honorario” de AMX, Carlos Slim Helú, quien encabeza el cabildeo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para evitar que los nuevos usuarios que logre tener en poblaciones con menos de 5 mil habitantes le sean contabilizados a la hora en que se mida la preponderancia.
Así, hábilmente Slim se pone del lado de la retórica presidencial, al hacer un esfuerzo por conectar a comunidades a las que hoy no llega la telefonía o el internet. Aunque invertir en este tipo de comunidades es algo que no había hecho desde que se le privatizó Telmex en 1990.
Quizá ahora el momento político sea redituable para hacerlo pero, sobre todo, con ello se logra destruir cómo se mide la preponderancia en México: habrá unos usuarios que sí le sumen a AMX para fines de medir si tiene más de 50% del sector de las telecomunicaciones, y otros que, extrañamente, también serán sus clientes, pero no le contabilizarán como tales, con lo que hasta las sumas se harán distintas en nuestro país.
Lo anterior denota la extraordinaria capacidad creativa de AMX y cómo intenta subirse a la coyuntura política. El IFT tomará una decisión sobre este tema antes de su receso de verano.
Ahora, la racha de éxitos que está buscando tener AMX, si bien se debe en parte a su tenacidad y creatividad, también se debe al poco contrapeso que le hace su competencia en telefonía móvil, la española Telefónica y la estadounidense AT&T.
La primera de ellas, si bien desempeña un trabajo regulatorio serio y de gran calidad, al llevar cinco años sin invertir en México, ha visto afectada su capacidad de influencia ante el IFT, el regulador y el gobierno. A esto hay que agregar la poca colaboración que a la fecha existe entre el gobierno español y el mexicano, factor que juega en contra de Telefónica, que en nuestro país es dirigida por Carlos Morales Paulin.
La otra, AT&T, a pesar de que en los últimos cuatro años ha realizado inversiones relevantes por 41 mil millones de pesos (sólo atrás de Grupo Televisa), sus escritos al IFT dejan mucho que desear. Adicionalmente, en el organismo regulador no entienden la estrategia de cabildeo de la empresa estadounidense, toda vez que tiene contratadas a personas que llevan años cabildeando, pero a favor de su principal competidor: AMX. Con ello, una posición de fuerza por las inversiones realizadas se diluye con facilidad sin importar que sea una marca global, además de que el actual gobierno federal ve al corporativo estadounidense alejado del gobierno del presidente Donald Trump, lo que también afecta su posición en México.
Dado lo anterior, y luego de la cargada que viene realizando AMX, si bien el nuevo director de AT&T en México, Laurent Therivel, había ofrecido tener un primer año con ganancias económicas en México, la realidad es que el panorama regulatorio se le ha puesto muy adverso, en buena parte por errores internos.
Con la serie de medidas jurídicas y regulatorias que AMX está buscando adecuar, sólo será cuestión de tiempo para que les aseste un knock-out por partida doble a Telefónica y a AT&T. Lo malo de ello es que los precios al consumidor podrían volver a subir en telefonía móvil al no haber una sana competencia.
Así, a seis años de una reforma de telecomunicaciones que se ideó que quedara plasmada en la Constitución para que fuera duradera, la realidad es que está siendo desmontada y quedará poco de ella. Esto, mientras a todas las autoridades parece no importarles el destino de los consumidores.
También, no deja de sorprender que al Congreso de la Unión —el Poder que más ha hecho en beneficio de los consumidores mexicanos de las telecomunicaciones—, desde la Suprema Corte se le esté prácticamente prohibiendo legislar en temas de precios y tarifas telefónicas. Claramente, hay quien prefiere asegurar que el Congreso no vuelva a legislar otra bajada de precios.