2018-11-27
Estamos viendo a un presidente electo que toma muchas decisiones con base en su ideología, en apoyo de su base e incluso a partir de sus filias y fobias, pero en materia de seguridad dio un giro importante y tomó una decisión pragmática: necesita de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad que aqueja a buena parte del país.
El Ejército y la Marina son instituciones que han probado eficiencia y lealtad. La decisión de mantenerlos en las calles, y hasta aumentar sus funciones, ha generado opiniones encontradas entre analistas, especialistas en derechos humanos e, incluso, algunos gobernadores. Van los pros y contras:
A favor de la decisión está la enorme inseguridad, los más de 24 mil homicidios dolosos en el país que se registran de enero a octubre de este año, la falta de preparación en la mayoría de los cuerpos de seguridad estatales y casi en todos los municipales, así como los pocos elementos que, para despliegue operacional, tiene capacitados la Policía Federal.
También, como lo señaló el fin de semana el presidente electo durante un evento en el Campo Militar 1, las nuevas tareas militares necesitarán más recursos, así que ofreció pensiones al doble e incremento salarial a la tropa. Y ha trascendido que los altos mandos gubernamentales que participan en temas de seguridad (el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica) tendrán un aumento en su “bono de riesgo”, lo que está justificado si no queremos generar tentaciones a la naciente fuerza de seguridad federal por el crimen organizado.
Es un acierto también, según la propuesta de Morena presentada en la Cámara de Diputados, que cualquier falta cometida por los integrantes de la nueva Guardia Nacional ya no será sancionada por el fuero militar, sino que será conocida y sancionada por la autoridad civil. Y, desde luego, también acertado que cualquier detenido no pueda ser llevado a instalaciones militares.
No es menor la propuesta de Morena en el sentido de que, como parte del nuevo arreglo institucional, el Estado mexicano reconocerá, para la Guardia Nacional, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto es algo que, por ejemplo, el Ejército estadounidense no ha aceptado.
En contra de la propuesta se han señalado afectaciones en la relación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Esto desde la coordinación —o más bien subordinación— que los gobiernos estatales (y municipales) deben de tener para con el gobierno federal en temas de seguridad. Incluso, la propuesta presentada para reformar el artículo 89 de la Constitución faculta al presidente para disponer de las policías locales, de los cuerpos de seguridad privados e incluso de los Sistemas de Comando y Control (los llamados C4 y C5) estatales.
Un tema para el análisis es que, si bien las fuerzas federales mayoritariamente han operado sin ser cooptadas por el crimen organizado, ha habido excepciones como la del General Jesús Gutiérrez Rebollo (1997), quien fue responsable del combate a las drogas, pero trabajaba para el cártel de Amado Carrillo.
Fusionar varios aparatos de inteligencia del Estado —como la sección 2da del Estado Mayor Presidencial o la Inteligencia de la Policía Federal— en la Guardia Nacional (que es en realidad el Ejército) sí puede ocasionar que hagan falta contrapesos en la materia.
Si a ello se agrega que el nuevo Centro de Inteligencia Nacional (antes CISEN), aunque adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, podría quedar en manos de un militar, en los hechos equivale a la desaparición de la inteligencia civil en nuestro país.
El debate de cómo va a operar la Guardia Nacional y sus facultades apenas inicia. Lo que es un hecho es que varias regiones del país llevan meses o años esperando que mejoren las condiciones de seguridad. Esperemos que el plan funcione y que se logre una adecuada coordinación entre los niveles de gobierno, para que el único frente que veamos sea uno contra la delincuencia y la impunidad.
Cambiando de temas… *Atenco y la Corte Interamericana:Esta semana se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, emita su fallo con relación a los hechos violentos que se suscitaron en Atenco en mayo de 2006, cuando el gobernador del Estado de México era el hoy presidente Enrique Peña Nieto.
La condena al Estado mexicano se da como un hecho, en parte, pues ya se ha asumido dicha responsabilidad. El tema a observar es, si como solicitan algunos de los quejosos, se fincan responsabilidades en lo personal a varios de los funcionarios involucrados, lo que escalaría el tema a la Corte Penal Internacional de La Haya. Esto último, fincar responsabilidades a ex funcionarios, se ve improbable; sin embargo, hay alerta en varias instancias legales en México. *La OEA, elecciones, asesinatos y televisoras: La semana pasada, el jefe de la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la elección de hace unos meses en México, el ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, rindió su informe en Washington. Destacan dos temas:
a) la violencia electoral, al grado de señalar que fueron asesinados 103 actores políticos durante el proceso electoral. Ya califican la elección de México como una de las “más violentas de la región (americana) en los últimos años”.
b) la crítica al modelo de comunicación política basado en la “spotización” masiva que, señala la OEA, “no fomenta un voto informado”. En este sentido, especial reconocimiento obtuvo la televisión mexicana al “abrir espacios para el debate público y el diálogo con todos los partidos políticos y otros actores no partidistas. Esto contribuyó a la existencia de una cobertura equitativa y al desarrollo de un proceso democrático más completo”. Así que bien por Imagen, TV Azteca y Televisa, siendo ésta última la que más horas dedicó al proceso electoral y la que tuvo más equidad en la contienda.
Al evento asistieron todas las autoridades electorales de México (INE, TEPJF y FEPADE) y la plana mayor de la OEA. ¿Habrá cambios al modelo de comunicación política? Se ve improbable, dado que Morena tendrá la inmensa mayoría de los spots electorales y la oposición en este Congreso es meramente testimonial. Morena buscará volver a arrasar con la Cámara de Diputados en la elección de 2021.
*La Corte y Cossío: el ministro José Ramón Cossío deja la Suprema Corte luego de 15 años, cumpliendo el ciclo para el que fue designado. Lo hace con buenos resultados en defensa de las libertades, los derechos humanos y el hoy tan vilipendiado Estado de derecho. Una aportación relevante fue la forma en que innovó la redacción de sentencias: que cualquiera las pudiera entender, un derecho para todos, no sólo para elegantes abogados. Lo hizo al estilo de los grandes jueces estadounidenses y europeos. Aunque su principal aportación ha sido la formación de cuadros jóvenes para el Poder Judicial Federal. Varios de sus alumnos tienen ahí una carrera destacada, como secretarios, jueces y magistrados, basada en méritos y lealtad.
Con la discreción y humildad de siempre, no se va a un despacho. Podría buscar hacer millones. Pero no, regresa a la academia a seguir formando nuevos abogados. Afortunados son en el Colegio de México de tenerlo. Estoy seguro que, sin cargo, seguirá siendo un hombre de Estado.
