2018-10-09
Ayer trascendió que tanto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como quien será titular de la Secretaría de Economía en su gobierno, Graciela Márquez, no hicieron espacio en su agenda para asistir al foro Competencia: motor de crecimiento económico incluyente, organizado conjuntamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a propósito del 25 aniversario de la creación de la primera autoridad de competencia en nuestro país.
Para algunos, la ausencia seguramente se podrá justificar como un mero problema de agenda del presidente electo y de su futura secretaria. Sin embargo, para mí es un signo preocupante, porque, teniendo presente el contexto del durísimo señalamiento que hace unos cuantos días López Obrador hizo en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sus comisionados, así como cuando —también recientemente— culpó de manera anticipada al Banco de México ante un posible escenario de que su promesa de un mejor entorno económico no se materialice, se observa un claro desdén por los órganos constitucionales autónomos.
El tema no es menor, pues la mera insinuación de que no le guste el andamiaje institucional que los mexicanos nos hemos dado, en consonancia con la evolución de la concepción de administración pública que ha tenido lugar en el contexto internacional en los últimos 20 a 30 años, genera incertidumbre y la incertidumbre como ya hemos visto es la enemiga número uno del crecimiento económico y el desarrollo de un país.
Se reconocen sin duda esfuerzos como el de Alfonso Romo o Abel Hibert, quienes tratan de calmar las inquietudes de diversos actores, pero es evidente que estamos frente a un serio potencial problema. Porque cualquier asomo de menoscabo a la autonomía de estos órganos, tendrá efectos directos e inmediatos sobre la confianza de los inversionistas, y como consecuencia, sobre dos variables centrales para poder llevar a buen puerto los planes del nuevo gobierno: el tipo de cambio y las tasas de interés.
Así que bien valdría la pena que en el equipo de transición se empiece a valorar con mayor profundidad la pertinencia de que el presidente electo envíe un mensaje claro, que tenga el atributo de la credibilidad desde luego, en el sentido de que su administración respetará la autonomía de estos órganos y trabajará en lo que le corresponda, en forma coordinada con éstos.
Ley de adquisiciones, en Tabasco
En días recientes, he leído sobre un punto de acuerdo y la aprobación de reformas a la ley de adquisiciones en el estado de Tabasco, cuyo aparente propósito es coadyuvar en el ágil desarrollo de obras estratégicas, como es el caso muy particular del proyecto de la refinería que el presidente electo López Obrador ha anunciado en diversas ocasiones que será construido en Dos Bocas, Tabasco. La cuestión es que, según se desprende de reportes de prensa, se estarían creando las condiciones legales, a nivel estatal, para privilegiar las adjudicaciones directas, entre otros mecanismos distintos a las licitaciones abiertas. En sí mismo es altamente preocupante este enfoque, porque no hay un mecanismo más eficiente que las licitaciones abiertas, incluso si el objetivo es promover la industria local.
Me llama la atención que el Congreso de Tabasco crea tener jurisdicción para adecuar el marco legal bajo el que Petróleos Mexicanos llevaría a cabo la construcción de la refinería en Tabasco. A partir de la reforma constitucional, Pemex tiene carácter de empresa productiva del Estado y ya no se rige por la ley de adquisiciones de carácter federal. Sus procedimientos de contratación se basan ahora en el artículo 76 de su ley y de las “disposiciones generales de contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”. Este el marco legal bajo el que se contratará la construcción de la citada refinería, ningún otro.