Más allá de la trascendencia que podría tener este acto judicial en los bolsillos de todos los usuarios de telefonía móvil del país (lo que dependerá de lo que resuelva el Instituto Federal de Telecomunicaciones antes de que finalice este año), el fallo del máximo tribunal conmocionó al mundo de la abogacía al establecer, de manera expresa, que el Congreso de la Unión está impedido para legislar en ciertas materias técnicas, interpretadas como reservadas a este órgano constitucional
autónomo.
México, como sucede en los Estados Unidos de América, adoptó la teoría de división de poderes en su norma constitucional. Si bien existe un sistema de “pesos y contrapesos” entre los tres poderes “soberanos” del Estado federal, la noción clásica de lo que compete al ejecutivo, legislativo y al judicial, no se había puesto en duda con tanta claridad hasta que se conoció el sentido del fallo de la Suprema Corte en el tema de la Tarifa Cero.
Paradójicamente, apenas la semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un caso similar que versó sobre la legalidad de una norma emitida por otro órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral, conocida como los lineamientos de “piso parejo”, arribó a la conclusión exactamente contraria a la de la Segunda Sala de la Suprema Corte. El Tribunal Electoral invalidó los lineamientos del instituto, al considerar que ese órgano se excedió y, al hacerlo, invadió facultades exclusivas del Congreso de la Unión.
A la luz de este par de fallos, los programas de estudios de las instituciones superiores encargadas de educar a los abogados del país, han quedado cojos. Peor aún, no hay forma precisa para actualizarlos. El principio sacramental de la división de poderes ha quedado, por el momento, hecho un verdadero galimatías que pocos
entienden.
Nuestros tribunales resuelven controversias que les son planteadas por las partes interesadas; ésa es su labor. Si el entramado constitucional y legal está originando controversias tan disímbolas e impensables, entonces queda claro que es necesario ajustarlo para lograr una mínima conformidad y orden.
En México, hemos abusado, desde finales del siglo pasado, de la creación de nuevas autoridades, denominadas comisiones, institutos, etcétera, las cuales copiamos de las “agencias gubernamentales” arraigadas en los sistemas estatales de los países anglosajones. Al hacerlo, hemos perdido la visión clara de los límites originales, que sirvieron para concebir el actuar de estos órganos, y poder insertarlos en el concierto institucional de nuestro país.
A pesar de la buena intención para abatir la “judicialización” de ciertas actividades reguladas, señaladamente las telecomunicaciones y la radiodifusión, esta característica ha persistido. La diferencia es que en la actualidad, los particulares han quedado en un estado de indefensión legal frente a las autoridades, mientras que éstas viven litigando sus facultades unas con otras.
Si la OCDE le hubiera querido hacer un favor al país, hubiera sido indispensable reconocer, sin cortapisas, el daño que causó su informe sobre el sector de las telecomunicaciones en el rubro de los litigios o “judicialización”. En su lugar, apenas la semana pasada, el organismo internacional se dio a la tarea de promover una dádiva en favor de Telmex, al sugerir sin pudor alguno que se le autorice el único servicio de telecomunicaciones (la televisión de paga), que le fue expresamente prohibido al momento de su privatización en 1990. Así las cosas.
