2019-11-28
Finalmente ha sido aprobado por el Congreso de la Unión, el Paquete Económico 2020 que contiene las directrices de política fiscal que regirán el próximo año, que anunciadamente busca seguir los denominados lineamientos de austeridad republicana.
En su arquitectura macro, es ortodoxo en términos de la búsqueda de un superávit del balance primario de 0.7% del PIB.
Destaca que, en su componente recaudatorio, la Ley de Ingresos, se cumple con no subir ni crear nuevos impuestos, en la búsqueda de mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público.
No obstante, los fundamentos macroeconómicos que dieron sustento a la proyección recaudatoria en 2020 consideran un crecimiento real del PIB de 2.0%. Sin embargo, organismos internacionales como la OCDE, el FMI e incluso las expectativas del sector privado capturadas por Banxico, ubican hoy el dinamismo macroeconómico entre 1.2-1.3%, con aun previsibles revisiones a la baja.
Quedará por verse en el transcurso del año de dónde se obtendrán los recursos faltantes o si efectivamente se generarán las apalabradas eficiencias del aparato gubernamental para preservar la disciplina fiscal.
La política de egresos, además de un mero asiento contable o de balance en las finanzas públicas, constituye un instrumento limitado para la promoción del crecimiento y desarrollo económicos. Ahí llama la atención precisamente la recomposición de la asignación en favor de gasto en promoción del bienestar, en detrimento de inversiones en infraestructura que solventan la operación del aparato productivo nacional, presente y futuro.
Efectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 privilegia el gasto público en programas sociales, como en seguridad y bienestar social, que denomina de desarrollo incluyente.
En lo que respecta a la asignación presupuestaria a la promoción de la competencia y el desarrollo eficiente de la industria convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encargo que tiene el IFT, tendrá lugar un recorte anual de 0.3% en términos reales. Por lo que el Instituto dio a conocer que realiza un análisis exhaustivo sobre los proyectos que deberá cancelar o posponer en 2020.
Casi a la par ha sido anunciado el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, estrategia conjunta del gobierno federal y la iniciativa privada, que aportaría capital privado de $859 mmp, de los cuales, 13.7% o $118 mmp. se destinarán para el desarrollo de únicamente cuatro proyectos de telecomunicaciones. Es decir, un monto que en términos de dólares se ubica en la vecindad de los $42 mil millones de dólares, cifra importante para buscar atajar el déficit de infraestructura que padece nuestro país. La esperanza es que esa cifra se multiplique, porque es un monto ya en ejercicio y multianual.
En telecomunicaciones, dos proyectos se ejecutarán en el periodo 2020 y dos en 2021-2022, los primeros comprenden enlaces simétricos para el sector corporativo e inversión en telefonía móvil y fija. Mientras que para el periodo 2021-2022, se prevén inversiones en la Red Compartida y, de manera genérica, en radiodifusión y telecomunicaciones.
Se queda sobre la mesa la pregunta por discernir en los años venideros, si el desinterés público por invertir se transformará en un espacio de oportunidad para el sector privado.
¿Estaremos frente a un nuevo caso de Efecto de Atracción (Crowding-In Effect) de la inversión privada?