En mi ya larga trayectoria como abogado en el sector telecomunicaciones he conocido a muchos funcionarios públicos, unos buenos, otros mediocres y varios malos. Sin embargo, todos ellos, salvo excepciones, tienen como denominador común que después de algún tiempo llegan a pensar que es su persona la que hace al cargo, que antes de ellos fue la nada y después de ellos será el caos. Vaya, me ha tocado presenciar desfiguros como el del secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Fox, Pedro Cerisola, quien negó la existencia de la doble ventanilla entre la Subsecretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con una frase digna del Rey Sol: ¡aquí la única ventanilla soy yo!
Es normal que a la gente se le suba el poder, sobre todo cuando todos sus subordinados les hacen la barba y la prensa pagada se desvive en elogios. Hace falta una estatura moral muy poco común para entender que se está de paso y que las instituciones siempre son más importantes que uno mismo. En el sector telecomunicaciones he tenido el honor de conocer y trabajar con dos personas que lo saben bien: Carlos Casasús, el fundador de la Cofetel, y Adriana Labardini, la actual presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Conocí a Adriana a mediados de los años 90, cuando bajo la dirección de Carlos Casasús México se abrió a la competencia, primero en el servicio de larga distancia, después en el servicio local y en un tercer momento en los servicios móviles. Fue una época apasionante en la que estrenábamos una de las leyes de telecomunicaciones más modernas del mundo. Había un gran apetito por parte de inversionistas nacionales y extranjeros por entrar a un mercado nuevo y con nuevas instituciones. Adriana representaba entonces a AT&T. Yo representé a Telmex en las negociaciones de interconexión con los nuevos operadores de larga distancia. Aunque ambos representábamos intereses encontrados, siempre encontré en Adriana un ánimo constructivo, abierto a entender las razones e inquietudes de su contraparte para llegar a acuerdos razonables en los que ambas partes tenían que ceder algo para ganar algo. Creo que lo hicimos bien.
Algunos años después fui nombrado comisionado y abogado general de la Cofetel y volví a encontrarme con Adriana. Ella era la secretaria técnica del pleno de la Cofetel. Como siempre, con mano amistosa pero firme, Adriana realizaba su trabajo con profesionalismo y excelencia. Más tarde, ya ambos en el sector privado nuevamente, nos seguimos encontrado de manera constante. Ella, desde la sociedad civil, trabajaba por los intereses de los consumidores y usuarios; yo continuaba prestando servicios profesionales a las empresas del sector. Amablemente me invitó en varias ocasiones a participar con ella en conferencias y seminarios, tanto para jueces y magistrados como para el público en general.
Con la reforma de telecomunicaciones del 2013 y la consecuente creación del IFT como órgano constitucional autónomo, siempre supe que las credenciales de Adriana habrían de llevarla a comisionada del nuevo instituto. Así fue.
El lunes pasado, al tomar posesión de su cargo, Adriana fijó la agenda que debe ser atendida por el IFT, en la que resaltan el fomento a la competencia en un ecosistema digital, la seguridad de redes y servicios, una más eficiente asignación y uso del espectro, el cómputo en la nube, la economía de compartición de activos y redes, así como los cambiantes hábitos de los consumidores y audiencias de contenidos y aplicaciones. Sin duda, se trata de una agenda que mira al futuro de una industria que es el futuro.
Desafortunadamente, Adriana terminará su cargo en febrero del 2018. No obstante, es mucho lo que aún puede hacer por la industria en estos meses, por lo que sería deseable que en el proceso de consultas que realizarán las comisiones del Senado para nombrar al próximo presidente del IFT, tomen en cuenta los méritos de Adriana y busquen darle estabilidad al instituto designando al comisionado que habrá de sustituirla como presidente, a partir de febrero del año que entra. Me parece que, dada la relevancia del cargo, sería un sinsentido administrativo volver a cambiar de presidente en unas semanas.
