2018-10-19
Más allá de la legalidad de la consulta, que no la tiene, respecto al aeropuerto que deberá construirse para desahogar el de la Ciudad de México, todo indica que la próxima administración ya tomó una decisión.
Desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad, López Obrador ha consistentemente manifestado su rechazo a la construcción de un aeropuerto en Texcoco. Tan es así, que en aquel momento arropó a los pobladores de Atenco, que terminó frenando el proyecto en el sexenio de Vicente Fox.
Es clarísimo el aval con el que cuenta el proyecto del NAICM por parte de técnicos especializados en la materia. Basta el dictamen de MITRE, que es la agencia mundialmente reconocida desde hace décadas en cuestiones aeronáuticas, a favor del proyecto de Texcoco. No se conoce uno solo serio que apoye al de Santa Lucía. Bueno, ni siquiera hay un proyecto ejecutivo para defender el caso.
Por otro lado, consultar a la gente para resolver una cuestión inminentemente técnica, también es un sin sentido. El “pueblo”, en general, no tiene el nivel de conocimiento que se necesita para tomar este tipo de decisiones. No basta un panfleto de unas cuantas hojas para capacitarlo. Para eso se le da el mandato a un gobierno: para que se rodee de los especialistas que sepan del tema y el gobierno tome una decisión educada.
López Obrador ganó la elección (con 53 por ciento del voto, por cierto). La gente ya le dio el mandato constitucional para que el Presidente electo tome las decisiones que le corresponden. ¿Por qué no la toma respecto al aeropuerto? ¿Por qué no somete a consulta el resto de las obras de infraestructura, como el Tren Maya, por ejemplo?
La respuesta, a mi parecer, es que ya la tomó, y a favor de Santa Lucía. Pero no quiere absorber el costo político de la decisión. Cuando salga el resultado de la consulta a favor de la base militar, López Obrador se refugiará en que fue el pueblo el que lo decidió, y de esta manera evitar cualquier señalamiento a su administración.
Me parece que lo más grave, y esto al parecer no lo han medido, es que, de darse este escenario, los capitales privados y mercados van a reaccionar con violencia. Más de 100 mil millones de pesos tirados a la basura; además de espantar a potenciales inversionistas que tienen la mira puesta en México. Y ni qué decir de los cientos de litigios, hasta en Cortes internacionales, que se avecinan.
Ojalá y me equivoque, pero si la administración entrante ya tomó la decisión a favor de Santa Lucía, puede ser el primer traspié que provoque una descomposición en la economía nacional.