2019-11-27
En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador y representantes de la iniciativa privada presentaron el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Documento tan interesante por lo que dice como por lo que calla. El gobierno reconoce que para poder crecer en los términos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo se debe alcanzar una inversión anual en infraestructura equivalente al 5% del PIB y que, para hacerlo, requiere impulsar la inversión privada, para lo cual se compromete a establecer reglas claras que generen confianza, un estado de derecho fuerte y eficaz, estabilidad macroeconómica y la eliminación de barreras que impidan la realización de los proyectos de inversión. Por su parte, el sector privado, a través de sus organismos gremiales, se compromete a invertir en 147 proyectos de infraestructura por un monto de $859,022 millones de pesos, conforme al calendario de inversión para los periodos 2020, 2021-2022 y 2023-2024. Llama la atención la ausencia de proyectos en energía y salud. Sin embargo, se anunció que nuevos proyectos serán propuestos y se irán incorporando al acuerdo. Por ahora me quedo con el mensaje: certeza y estabilidad para la inversión. Este simple acuerdo vale por sí mismo, con independencia de los detalles, los odiosos detalles.
Empecemos por un detalle que sería simplemente chusco si no fuera tan recurrente que ya parece conformar un patrón de desdén por la precisión y el profesionalismo en la función pública. En la página 8 de la presentación del acuerdo, elaborada ni más ni menos que por la presidencia de la República, 3 de 4 columnas tienen la suma total incorrecta, de tal manera que no son 147 proyectos de inversión sino 134. Lo mismo ocurre en la página 9 y la inversión comprometida no es de $859,022 sino de $710,482 millones de pesos. Una diferencia de $148,540 millones de pesos en un acuerdo de inversión entre el gobierno federal y la cúpula empresarial de México no es poca cosa. O el acuerdo se cocinó sobre las rodillas o alguien hizo muy mal su trabajo. En ambos casos, el acuerdo parece no tener la seriedad e importancia que ameritaban los participantes y el foro.
Al analizar la lista de los proyectos contemplados en el acuerdo uno puede darse cuenta que la gran mayoría de ellos no son nuevos. Por el contrario, se trata de proyectos ya iniciados en la administración pasada y suspendidos o ralentizados durante el primer año de gestión del presidente López Obrador, como el tren México-Toluca, varias autopistas y libramientos o la red compartida mayorista de Altán. Sí hay algunos proyectos nuevos, aunque son los menos, y hay muchos planes de inversión ordinarios de empresas concesionarias de telecomunicaciones o aeropuertos que se pretende etiquetar como nueva inversión en infraestructura, lo cual es técnicamente incorrecto.
Pero quizá lo más preocupante es que si analizamos este acuerdo a la luz del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, nos podremos dar cuenta que el gobierno no piensa invertir nada en infraestructura sino trasladar esa responsabilidad al sector privado. Por su parte, el sector privado acata la instrucción pero sólo respecto de los proyectos que ya tiene comprometidos. Ante la inminente recesión no vemos un esfuerzo contra cíclico serio por ningún lado.
