2019-01-11
Es indudable el valor que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para abiertamente enfrentar el enorme problema del “huachicoleo”.
Se calcula en 60 mil millones de pesos al año el desfalco a las finanzas nacionales por este delito. También es cierto que los gobiernos de Fox, Calderón, y Peña fueron ineficaces en el combate al robo de combustible, y que éste fue en aumento durante estos tres sexenios de manera sostenida y acelerada.
Sin embargo, la valentía del presidente de la República se hizo acompañar por una mala estrategia para atacar el problema, y los ciudadanos estamos sufriendo afectaciones cada vez más graves y de mayor alcance.
La decisión de cerrar la llave de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) efectivamente ha evitado un mayor robo de gasolina (pues ya no hay que robar), pero a la par ha provocado un desabasto del combustible en cada vez más estados del país. Ahí están las fotos y videos que muestran colas de kilómetros, y varias horas, de automóviles y camiones para poder cargar el tanque.
En la Ciudad de México también se registra este fenómeno; con, además, decenas de estaciones de servicio cerradas por falta de combustible. Esto, evidentemente, tiene costos económicos y sociales asociados. A falta de gasolina, se disminuye el transporte de todo tipo de bienes y servicios, lo que impacta negativamente a la actividad económica.
Asimismo, también hay un costo social. Son cientos las patrullas y ambulancias que se están quedando varadas, por ejemplo. O los tantos de camiones escolares que no pueden cumplir sus rutas, o el propio transporte público que se entorpece. Son muchos los casos y ejemplos de la afectación.
¿Hasta cuándo? El presidente anunció ayer que 4 mil elementos de fuerzas federales van a vigilar los ductos. Ok. ¿Pero esto significa que ya van a abrir los ductos? ¿Los elementos federales se van a quedar ahí indefinidamente? ¿Se va a terminar el desabasto? ¿Se van a instrumentar otras medidas alternas al cierre de ductos? ¿Quiénes son los criminales? ¿Cómo y cuándo se les va a castigar? Hay muchas preguntas sin responder.
Si bien el problema lo tiene identificado el gobierno de López Obrador, y tiene la voluntad para resolverlo, hasta ahora el remedio no ha sido el más adecuado. Sin lugar a duda es un asunto de Estado de derecho, mismo que no pudieron hacer cumplir en este tema los tres gobiernos anteriores. Esperemos que las buenas intenciones de esta administración no se limiten al cierre de ductos, con los consecuentes daños a la ciudadanía, sino que se aplique la ley y se sancione a los verdaderos responsables.
