Esta semana, pasado mañana, concluye la consulta pública que lleva a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con relación a la efectividad de las medidas de preponderancia que este órgano regulador estableció en marzo del 2014 al agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, América Móvil, así como al agente económico preponderante en el sector radiodifusión, Grupo Televisa.
Hasta el momento de escribir esta colaboración, ya pueden identificarse un poco más de 20 opiniones ingresadas al portal de la consulta correspondiente a las medidas impuestas a América Móvil en su calidad de preponderante. En el caso de la consulta sobre las medidas impuestas a Televisa, también en su calidad de preponderante, hasta ayer había una. De las opiniones relativas a la preponderancia en telecomunicaciones, hay algunas que merecen especial atención por la seriedad que se tomaron quienes las elaboraron en atender los fines de la consulta.
Esta consulta y las decisiones que se deriven de ella son de importancia central para el desarrollo sostenido de un mercado de telecomunicaciones en competencia plena. Un objetivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica que este domingo cumplió exactamente tres años de haber entrado en vigor. Por lo que tengo la firme esperanza de que el órgano regulador creado como consecuencia de esa reforma atenderá puntualmente las manifestaciones hechas en la consulta, especialmente por los proveedores de servicios de telecomunicaciones que son los que sufren o aprovechan, según sea el caso, los efectos de las medidas impuestas hace poco más de dos años.
Por ejemplo, llaman la atención los señalamientos que en su opinión hace el representante del operador MCM, que prácticamente en todos los rubros que comenta, señala o califica la “poca efectividad regulatoria” de las medidas. En algunos casos propone que las medidas sean modificadas; en otros señala posibles contradicciones con lo dispuesto a su vez por otras medidas de preponderancia, y en otros, dice de manera objetiva que no es necesario modificar la medida, pero hace énfasis en que lo que hace falta es verificación de su cumplimiento por parte del órgano regulador. Al justificar sus propuestas o comentarios sobre la poca efectividad que señala respecto de las medidas, destaca retrasos en la entrega de enlaces por parte de América Móvil; retrasos considerables (19 meses) para obtener servicios de interconexión solicitados al preponderante; que este agente limita la oferta de enlaces dedicados (al menos a MCM), y que algunos enlaces no cumplen con un determinado estándar tecnológico, lo que impide implementar al competidor determinados tipos de servicios, entre otras observaciones. Los problemas que señala MCM, en su opinión, son el mismo tipo de problema o de complicaciones que América Móvil ha impuesto durante años a los competidores. En su momento lo hizo con sus competidores en el mercado de larga distancia a partir de la apertura a la competencia en dicho servicio en 1996, para el mercado corporativo, y en 1997 para el mercado de hogares; o también las que ha impuesto a lo largo de los años a los operadores de redes de servicios móviles o a sus competidores en el mercado de servicios fijos. No hay nada nuevo bajo el Sol.
Ojalá que el IFT analice con preocupación estas manifestaciones, porque indican que al menos algunas medidas no están funcionando en forma adecuada, porque el operador preponderante sigue imponiendo condiciones, particularmente retrasando la entrega de servicios que son requeridos por los competidores, lo que es inaceptable, sobre todo si tomamos en cuenta que el IFT es autoridad en materia de telecomunicaciones, pero también en materia de competencia económica. Aunque su decisión con relación al servicio de televisión que sí presta UNO TV es motivo de preocupación.