Vía El Economista
En este país la política se ha degradado a la más burda simulación. El gobierno y los burócratas que llegaron al poder en el 2018 usan el erario público como su feudo personal con un desparpajo nunca antes visto. Lo mismo una diputada de 26 años consigue que su amigo secretario de Gobernación le preste un avión del ejército para que viaje su abuelita, que los consentidos de López Obrador atascan el país con espectaculares y bardas pintadas en una abierta campaña que no es campaña; con gastos que no son gastos, para ocupar un cargo que no existe. Si le cambiamos el nombre a la realidad, la realidad deja de molestarnos. No debemos llamar a las cosas por su nombre: campañas a las campañas; candidatos a los que quieren ser presidente y delito al desvío de recursos públicos para la promoción personalizada del Gran Hablador y sus corcholatas.
En este mundo bizarro, el Instituto Nacional Electoral (INE), ya colonizado por las huestes de Morena, pretende monitorear los programas de opinión que se transmiten en radio y televisión, en flagrante violación del artículo sexto de la Constitución que establece, de manera expresa, que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa alguna.
Esta decisión, sin precedentes en la historia democrática de México, atenta contra la libertad de expresión dada la tendencia creciente del Instituto por iniciar procedimientos especiales sancionadores en contra de aquellos periodistas y comunicadores que reciban quejas por parte de candidatos y partidos por, supuestamente, “no haber sido equitativos” en sus opiniones.
Una opinión, por definición, es subjetiva y depende tanto del objeto de la opinión como de la experiencia, valores y creencias del sujeto que la manifiesta. Por lo tanto, pretender que las opiniones sean “equitativas” necesariamente implica negar su subjetividad, y al extraer su elemento constitutivo esencial, las mata. En nuestro México de eufemismos y simulación no es necesario prohibir las opiniones para matarlas, simplemente tienes que obligar a que sean “equitativas” para engañar a los desprevenidos y beneficiar a los que quieren que todos los ciudadanos piensen igual y obedezcan sin cuestionar la magnífica sabiduría del líder.
El INE ordenó que el monitoreo incluyera el registro de valoraciones positivas o negativas en los programas de “debate” y “opinión. Su pretexto, que no viene al caso, es que dichos programas tienen un rating mayor a los noticieros.
El gran problema está relacionado con las exhaustivas investigaciones que lleva el INE en contra de radiodifusores y periodistas que deben probar que ningún actor político “adquirió” publicidad o propaganda a favor o en contra de algún otro actor político. Si estos mismos mecanismos se utilizan en contra de ciudadanos que expresen su opinión sobre candidatos, partidos o funcionarios públicos, en programas expresamente diseñados como espacios de opinión y debate, se estarían realizando ataques directos contra la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.
Si bien el INE lleva años realizando el monitoreo de los noticieros, existe una diferencia sustancial entre éstos y los programas de opinión y debate: los noticieros informan sobre hechos y acontecimientos de relevancia informativa, mientras que en los programas de opinión y debate se expresan los puntos de vista subjetivos de cada participante, que están explícitamente protegidos por los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por infinidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Poner etiquetas de favorable, neutral o adverso a los puntos de vista expresados en programas de opinión y debate constituye una estigmatización de los comunicadores y puede dar sustento a ataques y procedimientos legales por parte de los actores políticos que se puedan sentir agraviados u ofendidos por las ideas expresadas, dando lugar a inquisiciones administrativas y judiciales en su contra (el procedimiento especial sancionador) expresamente prohibidos por la Constitución.
Curiosamente, hay un programa de opinión, que se transmite íntegramente en las estaciones de radio y televisión del gobierno y al que el INE no se atreve monitorear: La mañanera. El mundo al revés: el gobierno y su partido nos pueden atascar de propaganda ilegal y sandeces disfrazadas de información, pero los particulares no podemos criticarlos con el pétalo de una opinión.
