Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 24 de noviembre 2015.
Con la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Argentina, se cierra un periodo de 12 años de kirchnerismo, que deja una herencia de políticas públicas insostenibles en el largo plazo, en muchos casos, y de políticas públicas erráticas, en otros. El sector telecomunicaciones de Argentina es un vivo ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno cuando se trata de impulsar mayor inversión para el despliegue de más infraestructura de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones de mayor calidad.
Me refiero a las diversas leyes relacionadas con el sector telecomunicaciones que promovió de manera particular la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de acuerdo con la opinión de analistas, han sido de poca efectividad. De igual forma, hablo de la reiterada intención de su gobierno para impulsar un proyecto de red mayorista, con su componente de red troncal de fibra óptica y el componente inalámbrico.
Para empezar, está el fallido intento de desplegar una red mayorista en frecuencias ubicadas en las bandas de 800 MHz y 1,900 MHz. Se trata de un anuncio hecho en septiembre del 2012 para lanzar una red desplegada por el gobierno argentino que operaría bajo el nombre Libre.ar, que ofrecería servicios mayoristas a otros operadores, a cooperativas y pymes también. La administración Kirchner estimaba que requeriría destinar 2,000 millones de dólares para el despliegue de la infraestructura necesaria, y anticipaba lograr una penetración de entre 12 y 13% del mercado en el curso de los siguientes tres años. Apenas dos años después, cuando no había logrado instalar una sola radiobase de esa ambiciosa red, el gobierno anunció un cambio de planes: mejor licitar esas frecuencias junto con otro paquete que se programaría para licitación en octubre del 2014.
En efecto, en octubre del 2014 se celebró la licitación de frecuencias en diversas bandas, proceso en el que se asignó espectro a diversos operadores, entre ellos, un nuevo jugador que entraría a competir al mercado argentino, Airlink, que habría obtenido frecuencias en las bandas de 700 MHz y de 1,700 MHz. Desafortunadamente para los planes del gobierno argentino, este nuevo jugador no pudo pagar en junio pasado el monto ofrecido en la licitación, que sumaba un poco más de 500 millones de dólares, motivo por el cual la autoridad reguladora de ese país revocó las licencias a las que se había hecho acreedor en la licitación.
En lugar de someter esa porción de espectro radioeléctrico nuevamente a licitación, el gobierno de Kirchner regresó, el pasado mes de septiembre, a su idea de destinar frecuencias a un ente que las explote bajo la figura de red mayorista. De acuerdo con el anuncio hecho por la propia presidenta Kirchner en cadena nacional, se trata de que el operador satelital propiedad del gobierno argentino, Arsat, explote estas bandas en asociación con entes privados.
Ahora bien, con el cambio de administración presidencial en diciembre próximo, habrá que estar atentos a ver si el gobierno de ese país se empeña en continuar con ese modelo de red, que por lo menos hasta ahora, no ha podido funcionar allá. De entrada, parecería que el presidente electo Mauricio Macri ha ofrecido poner en revisión toda la legislación en materia de telecomunicaciones promulgada en los años recientes.
