Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 2 Mayo 2016
La semana pasada fue escenario del despliegue de una intensa estrategia de presión del agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones de México, América Móvil, cuyos principales directivos, aprovecharon toda oportunidad para poner sobre la agenda pública la supuesta inminencia de que el órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), estaría cerca de autorizarles la prestación del servicio de televisión.
Hubo dos pretextos coyunturales para el despliegue de esa estrategia: a) el inicio de la cuenta regresiva de 100 días para el arranque de los Juegos Olímpicos de Verano Río 2016; y b) la difusión del reporte anual correspondiente al 2015, así como los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del 2016.
El tema es de enorme relevancia para el destino de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, del 2013. Para el análisis de esta cuestión, la recurrente insistencia de América Móvil para obtener del regulador la autorización para poder prestar el servicio de televisión, no hay que perder de vista varios aspectos, entre ellos: a) la recurrente intención de este agente económico para tratar de sorprender a la autoridad en este objetivo (recuérdese el penoso episodio de la afirmativa ficta en el sexenio pasado); b) su reiterada conducta de no allanarse a las disposiciones regulatorias que buscaban promover un terreno de competencia efectiva en nuestro país (recuérdense sus sistemáticos amparos en contra de resoluciones de interconexión y dominancia); c) su constante señalamiento respecto del supuesto desinterés de los demás operadores para invertir en el despliegue de infraestructura en territorio mexicano; d) su consistente desplante de desafiar a la autoridad al prestar un servicio de televisión, pero sin aceptar que se trata de ese servicio (véase UnoTV, Claro Video y Claro Sports); y e) la concentración indebida entre Telmex y Dish, en la que hay evidencia de que el primero se beneficia de la prestación del servicio de televisión por parte del segundo.
La estrategia de América Móvil tiene como uno de sus ejes centrales posicionar en los medios que, dado que “ha cumplido” con las obligaciones que el IFT le impuso como preponderante, solo bastaría esperar a que esta autoridad termine la revisión del impacto de las medidas de preponderancia que le impuso en marzo del 2014, para que se le autorice prestar el servicio de televisión. Esta construcción argumentativa se basa en afirmar que al llegar noviembre de este año, se habría cumplido el plazo de 18 meses que el legislador estableció en la ley de la materia como plazo mínimo de cumplimiento continuo y efectivo de sus obligaciones como preponderante para que pueda ingresar la solicitud del servicio de televisión. Los directivos de América Móvil afirman que han cumplido y por ello, pretenden hacer creer a todos que es cuestión de mero trámite.
Ahora bien, la estrategia de América Móvil encuentra terreno fértil en una especie de silencio regulatorio del IFT. Me explico. Silencio regulatorio, porque al no conocerse los informes trimestrales que debe realizar el IFT sobre el cumplimiento de las obligaciones de preponderancia, previstos en la ley, hoy no sabemos si el plazo de 18 meses se interrumpió en algún momento y por tanto, si debió reiniciar la cuenta de esos 18 meses.
Por ello, una vez concluida la consulta pública que actualmente lleva a cabo el IFT, no estaría de más que previo a que se pronuncie en el sentido de la supuesta efectividad de las medidas, señale si hubo incumplimientos a las medidas de preponderancia. Porque está muy clara, y suficientemente anunciada la estrategia: al término de noviembre, América Móvil quiere TV, haya o no cumplido sus obligaciones.