Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 5 Abril 2016
La semana pasada escribí en este espacio sobre la necesidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lleve a cabo un procedimiento abierto de consulta pública dentro del proceso de la revisión sobre el impacto de las medidas de preponderancia que impuso en marzo del 2014 a los agentes económicos que determinó respectivamente en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
No tengo ninguna duda que el órgano regulador puede afirmar que a dos años y medio de su creación, ha entregado buenos resultados a la sociedad. Es verdad que hemos atestiguado una reducción importante en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, que ha habido un crecimiento en el número de usuarios, que se han incrementado las velocidades promedio de acceso a Internet, que ya se licitó una tercera cadena de televisión que muy pronto iniciará transmisiones para beneficio de la pluralidad en la radiodifusión y que muy pronto licitará más espectro para televisión y radio, con el mismo propósito.
Pero también es imperativo señalar que no tengo ninguna duda que los comisionados del IFT deben resistir la tentación de sucumbir al canto de las sirenas que los invitan a creer que ya estamos del otro lado, que el problema de competencia ya está resuelto, y que por tanto, se abre la posibilidad de relajar las medidas de preponderancia impuestas hace apenas dos años.
Digo apenas dos años a propósito, porque trato de ubicar en el debido contexto que países que han sido relativamente exitosos en regular sus respectivos sectores de telecomunicaciones o radiodifusión, y que hoy se caracterizan por gozar de condiciones de competencia efectiva o estar muy cerca de ello, han tenido que transitar por un largo camino de regulaciones específicas para lograr controlar de manera ex-ante el poder del jugador dominante, un largo camino a través del que han corregido medidas que no funcionaron o medidas que funcionaron parcialmente, que equivalen al primer grupo.
A lo largo de 17 años que he seguido muy de cerca la evolución de la regulación del sector telecomunicaciones en México y a nivel internacional, he atestiguado que sin excepción, el agente dominante del país del que se trate siempre presiona para tratar de influir en el ánimo de las autoridades reguladoras tratando de convencerlas de que el ambiente de competencia es inmejorable y que lo mejor para el crecimiento del sector es eliminar las obligaciones que en su momento le hayan impuesto en su calidad de dominante. He visto cómo en diversos países se ha modificado la carga regulatoria específica a esos agentes dominantes, pero ello solo ha sido después de un minucioso período de análisis, sujeto a consulta pública, y que en la mayoría de los casos, se ha tratado de un proceso que ha llevado años de aprendizaje, de acumulación de información y de vigilancia estricta. Naturalmente no podemos pretender que nos tome la misma cantidad de tiempo, pero tampoco podemos pensar que en dos años ya resolvimos los problemas de concentración y competencia en este país.
Como es de esperarse, no faltaran los charlatanes de la regulación, que en un afán de ayudar a los accionistas del agente preponderante a maximizar su bienestar en perjuicio del bienestar de los que hoy son usuarios y el de los que no lo son aún, no tendrán pudor en sugerir que nos iría mucho mejor a todos si al pobre preponderante lo libramos de todas las ataduras que hoy le impiden ofrecernos todos los beneficios que tiene para nosotros, o quizá con algo de pudor disfrazado sugerirán que no hay que quitar las obligaciones, pero si hay que seguir un enfoque de modulación y progresión. Ojo, son simples cantos de sirenas.
*El autor es senador de la República.
