Hace prácticamente un mes, el 6 de junio pasado, en mi colaboración intitulada “El desafío para el IFT en 5G” comenté que, tanto el tema del elevado costo del espectro, fijado arbitrariamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado por ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la primera, como el aún persistente problema de elevada concentración en el mercado móvil, significaban importantes desafíos para el órgano regulador y su objetivo de llevar a buen puerto una licitación de bandas de frecuencias, la licitación IFT-12, para redes 5G.
En aquella colaboración, a manera de síntesis, comenté cómo resulta prácticamente imposible -o cuesta arriba- no solo promover condiciones de competencia, sino también, de manera preocupante, promover la participación de nuevos jugadores, en un mercado donde un jugador tiene una cuota del 70 por ciento del mismo, y donde los dos jugadores que operan con infraestructura propia o arrendada, que le siguen en cuota de participación, que han adoptado decisiones que consisten en que ante el elevado costo del espectro, además de devolver frecuencias previamente concesionadas, no participarán en nuevas licitaciones mientras no se corrija el problema de precios que cobra el gobierno por la explotación de ese bien del dominio público.
Pues bien, ayer me enteré por una nota de El Economista, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había adoptado la decisión de postergar una consulta pública sobre las bases de licitación para el proceso antes referido, consulta cuyo inicio estaba previsto para para el arranque del presente mes. Lo anterior, en virtud de que aún no hay claridad sobre si el Ejecutivo Federal propondrá a la Cámara de Diputados y al Senado de la República en septiembre próximo, una disminución en el nivel de las cuotas que se cobran en nuestro país por el uso, aprovechamiento o explotación de las distintas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas a la prestación de servicios móviles, o como también se les refiere, de acceso inalámbrico.
En consecuencia, el IFT considera que resulta no solo prudente, sino también conveniente y necesario que ante la falta de definición clara sobre la propuesta de la SHCP al Poder Legislativo en materia de cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, la pretendida consulta pública sobre las bases de licitación tenga lugar hacia finales de este año, lo que provocaría que el proceso de licitación en sí inicie hasta el siguiente año.
En mi colaboración aludida, también mencioné que por otro lado, el IFT también enfrenta el desafío de no retrasar mucho más tiempo la puesta a disposición de las bandas de frecuencias para redes 5G, porque retrasar la asignación de dichas frecuencias también se traduce en un potencial mayor rezago de México frente a otras naciones en la adopción de banda ancha inalámbrica de alta velocidad, y un incremento en esa brecha no es bueno.
Así que por un lado celebro que el IFT haya determinado que resulta necesario esperar a que se conozca qué ocurrirá con el elevado costo administrativo del espectro radioeléctrico en nuestro país, pero por el otro, insisto en los riesgos para el desarrollo y competitividad de la economía mexicana de seguir retrasando la puesta a disposición del mercado de esas bandas de frecuencias identificadas para redes 5G.
Ahora bien, lamentablemente para el IFT, mientras no se logre corregir el elevado nivel de concentración que aún caracteriza a nuestro mercado móvil, la probabilidad de que tenga éxito para incentivar la entrada de nuevos jugadores, aunque sea solo a nivel local o regional, será muy baja. El reto es enorme, pero ello no significa que bajemos los brazos y dejemos de insistir en que deben redoblarse los esfuerzos para lograr una verdadera competencia y para bajar los costos del espectro, al mismo tiempo que se eviten los indeseados retrasos de la llegada de servicios de acceso modernos, de banda ancha de mucho mayor velocidad para todos. Se requiere creatividad y tenacidad.
