2021.03.30
Vía El Economista
Como ya es ampliamente conocido, el viernes de la semana pasada supimos de una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, después de revisarla con detalle, la primera conclusión a la que llegué es que se trata de un primer escarceo de la 4T para modificar el marco legal que rige las distintas etapas de la industria petrolera. En el caso de esta primera iniciativa, el objeto del deseo es la etapa correspondiente al downstream, de manera señalada, la parte que tiene que ver con el almacenamiento y comercialización de petrolíferos, como la gasolina, el diésel, la turbosina, etc.
Bajo el pretexto de la prevalencia de actividades como el robo de combustibles a Pemex, el famoso huachicoleo; el contrabando; o las prácticas de algunos gasolineros para entregar volúmenes inferiores de gasolina o gas respecto de los que realmente marcan las máquinas expendedoras, y recurriendo a lo que ya es un estribillo para cualquier política que pone en marcha la actual administración, que durante el período neoliberal ocurrieron tal o cual calamidades, o como por ejemplo señala de manera expresa en la segunda página de la exposición de motivos, que “el distintivo del neoliberalismo es la corrupción”. A manera de paréntesis, con base en esta última premisa podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 4T es una simple extensión de eso que el presidente suele llamar “neoliberalismo”.
En el fondo, se trata de un nuevo lance para cambiar las reglas de manera tal que lo que resulta es un marco legal que genera mayor incertidumbre para todos los agentes económicos, y tal cómo lo he venido recalcando en este espacio, terminará por afectar aún más el pobre desempeño que hemos observado en materia de inversión fija en nuestro país en lo que va de esta administración y que necesariamente afecta la capacidad para crecer en los siguientes años.
Ya muchos han destacado que preocupa de sobremanera la intención de que el gobierno “suspenda” un permiso, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Se anticipa una clara motivación para desplazar a privados en favor de Pemex.
Esta iniciativa se inscribe en el contexto de una secretaria de Energía, Rocío Nahle, empeñada en socavar el andamiaje que regula las actividades de los agentes económicos privados en almacenamiento y comercialización de petrolíferos, que ya había iniciado cuando a finales de 2019 modificó el requisito de almacenamiento mínimo, medida que fue complementada en diciembre de 2020 con el despropósito de eliminar los permisos de importación de hidrocarburos con vigencia de 20 años, para dejar el plazo máximo en cinco años, lo que sin duda alguna afecta de manera importante las decisiones de inversión de los particulares en más instalaciones de almacenamiento.
Por ello preocupa que el presidente proponga que en automático se revoquen los permisos que al momento de que la ley modificada entre en vigor “incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía…”. Preocupa por que en el último año se la han pasado cambiando las reglas y es altamente probable que frente a la incertidumbre y los efectos de la pandemia muchos permisionarios no estén en condiciones de cumplir, a menos que se sometan a los caprichos de Pemex.
Finalmente, uno no sabe si reír o llorar cuando en la página 2 de la exposición de motivos nos encontramos un pronunciamiento como este: “es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética y la palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”. ¿Efecto multiplicador en el sector privado, en serio? Está claro que lo que en el fondo pretende esta iniciativa es darle viabilidad al injustificado elefante blanco de la refinería de Dos Bocas. Qué caro nos saldrá a los mexicanos esa añoranza de la 4T por el echeverrismo.