No cabe duda que al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se les ha olvidado la verdadera naturaleza del organismo que lideran.
Bajo el manto de la autonomía, el órgano que comanda Gabriel Contreras debería promover el beneficio de las audiencias regulando el mercado de telecomunicación y radiodifusión, pero parece ir en sentido contrario.
El más reciente ejemplo se dio con la publicación de los Lineamientos Generales para la Defensoría de las Audiencias el pasado 21 de diciembre, cuyo contenido revela una auténtica afrenta a la libertad de expresión.
Con esto el IFT podrá monitorear a los medios y también fijar criterios de “veracidad y oportunidad” del contenido que llega a los hogares mexicanos.
Quizá le vengan a la mente los regímenes autoritarios. Por lo pronto, el organismo regulador podrá –a partir del 1 de febrero- sancionar a cualquier concesionario que no acate sus normas con una multa del uno al tres por ciento de sus ingresos anuales totales y hasta la suspensión de su señal.
No es cosa menor, porque podrían rebasar una línea muy fina y caer en el terreno de la censura. Nada más.
Para que tenga una idea de los excesos, se busca implementar acciones tales como la inclusión de placas o cortinillas que adviertan a las audiencias la diferencia entre la información noticiosa y la opinión del conductor o comunicador, y a esto se suma un ocioso esquema para la atención de quejas que permite que cualquiera que se sienta ofendido por los comentarios pueda denunciar, sin sustento alguno.
El caso es que se trata de una regulación tan ambigua que abre la puerta para que cualquiera pueda hacer uso de ellos para atentar contra la libertad editorial de los medios.
Si bien la figura de los defensores de audiencia es un mecanismo necesario no sólo para garantizar contenido de calidad, sino servicios competidores, los lineamientos presentados por el IFT se alejan por completo de ese objetivo y de plano caen en la temida censura que significa un retroceso para cualquier sociedad. Al tiempo.
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