2020.06.02
Vía Forbes
Después de su desencuentro con Twitter, Donald Trump pretende quitar la inmunidad a las redes sociales y hacerlas corresponsables por los contenidos de sus usuarios.
El pasado jueves Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que ese sería un gran día para las redes sociales y la justicia. Un par de horas después firmaba un decreto para modificar el Art. 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que, de aprobarse, haría que las plataformas digitales se hicieran responsables de lo que sus usuarios publican.
La modificación a la ley se da en un contexto de confrontación entre el presidente de Estados Unidos y las redes sociales, luego de que Twitter incluyera un enlace hacia información oficial electoral cuando Trump publicó un par de tuits donde afirmaba que las boletas electorales enviadas por correo postal debido a la pandemia en California, Minnesota y otros estados, eran un fraude y que quien las manipulara y engañara mejor a través de ellas, podría ganar las elecciones. El presidente consideró que Twitter estaba interviniendo en el proceso electoral y que estaba coartando su libertad de expresión. Por su parte, la plataforma dijo que las publicaciones del presidente eran potencialmente engañosas y que sólo les estaban dando contexto, tal y como hacían con toda la información que puede confundir al electorado.
Lo cierto es que la acción enfureció a Trump y en uno de sus típicos arrebatos firmó una enmienda que, de ser aprobada, podría quitarle “inmunidad” a las redes sociales y los haría corresponsables por lo que publicaran. Lo cual resultaría bastante complejo por varias razones.
En primer lugar, la cantidad de usuarios de las redes sociales imposibilitaría que dicho mecanismo funcionara, en el caso de Twitter que tiene más de 300 millones de usuarios y en el Facebook con más de 2600 millones, se tendrían que revisar todas y cada una de las palabras que una persona escribiera antes de darles el visto bueno de publicación, lo que redundaría en una especie de censura masiva que prácticamente inhabilitaría a las redes sociales.
Si se hiciera una analogía, sería similar a que el gobierno de un país tuviera que hacerse responsable de lo que cada uno de los habitantes dijera o escribiera y tuviera que evaluar si se puede o no publicar, lo que convertiría a las plataformas en un editor de contenidos y no en un servicio de tecnología.
Por otra parte, esto inhabilitaría la comunicación en las redes sociales, ya que toda expresión debería revisarse a través de una serie de una serie de robots que, por más avanzados que fueran, tardarían mucho en diferenciar un sarcasmo o una crítica de una amenaza o contenido potencialmente peligroso.
Eso sin contar que entonces tendrían que establecerse parámetros claros de lo que sí podría ser publicado digitalmente y lo que tendría que estar sujeto a censura. Además, tendría que hacerse una distinción muy clara entre los diferentes tipos de usuarios que podrían existir en las redes sociales, puesto que la opinión de algunas personas (por ejemplo, funcionarios públicos o periodistas) serían mucho más impactantes que las de un usuario regular.
Incluso el mismo Trump podría salir perjudicado, puesto que es un usuario frecuente de las redes sociales y muchas de sus publicaciones se han visto en entredichos o se han desmentido.
No obstante, este argumento se ha discutido mucho en otros países, puesto que se considera que las redes sociales han tomado un papel muy importante en la comunicación política y social de todo el mundo. Así quedó demostrado durante el Brexit o las elecciones de Estados Unidos en 2016. No obstante, las redes han ratificado que no eligen o censuran contenidos, puesto que su labor siempre ha sido la de ofrecer un servicio de tecnología. Por ello, desde hace un par de años el Parlamento Británico ha iniciado discusiones para crear un nuevo concepto que defina los alcances de las redes sociales y su impacto en la comunicación política.
La supuesta inmunidad de las redes sociales tiene límites. De acuerdo con el mismo artículo de la ley de decencia en las comunicaciones, las plataformas deberán eliminar contenidos que promuevan discursos de odio, terrorismo, amenazas de muerte, fraudes o tráfico sexual.
No obstante lo complicado de aplicar una ley así, es importante abrir de nuevo el debate sobre los alcances de las plataformas digitales en la vida política de los países, puesto que siempre han estado en una especie de limbo al considerarse que ellos no son quienes publican los contenidos, aunque a través de sus modelos de negocios sí se vean beneficiados por la discusión en la arena pública.