La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, EU y México en materia de telecomunicaciones representa una oportunidad para mejorar la aplicación de medidas que ya rigen en el sector a partir de la reforma y para cuidar al mercado nacional, coinciden especialistas.
El próximo 16 de agosto iniciará la primera ronda de discusiones trilaterales entre los gobiernos para ajustar el pacto comercial.
El documento “Resumen de los Objetivos de la Renegociación del TLCAN” elaborado por la Oficina Ejecutiva del presidente de Estados Unidos incorporó un apartado para el sector de las telecomunicaciones.
El gobierno estadounidense pide específicamente promover la oferta competitiva de servicios de telecomunicaciones facilitando la entrada en el mercado a través de una regulación transparente y un regulador independiente.
Así como asegurar compromisos para proporcionar un acceso razonable a la red para proveedores de telecomunicaciones a través de la interconexión y acceso a instalaciones físicas y recursos escasos y establecer disposiciones que protejan la elección de tecnología de proveedores de servicios de telecomunicaciones.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit señaló que los puntos que se quieren revisar coinciden con las constantes críticas sobre los avances en torno a la competencia efectiva en telecomunicaciones y consecuentemente, sobre el desempeño de la preponderancia, la cual, a más de tres años de su implementación, no ha logrado tener los impactos que se esperaba en términos de reducir la concentración de mercado.
“Llama la atención que se solicite tener una regulación más transparente y un regulador independiente como si insinuaran que las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no lo fueran y favorecieran en ocasiones al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (Telmex-Telcel) en contravención al objetivo de reducción de la concentración que persiste en el mercado”, opinó el especialista Gonzalo Rojón.
El analista indicó que en esta ocasión no es un agente nacional el que esté señalando las deficiencias que tiene la regulación de la competencia en las telecomunicaciones de México, sino un país vecino el cual tiene uno de los sectores más desarrollados con el mundo y que definió medidas exitosas para erradicar y prevenir fenómenos de concentración de mercado, así como constituir un órgano regulador que funge como referente del mundo. “Ante ello, será tarea de los encargados de la renegociación definir las estrategias y mecanismos a implementar para efectivamente nivelar el terreno competitivo en las telecomunicaciones mexicanas”, dijo.
Jesús Romo, analista de Telconomia comentó que en telecomunicaciones “no vemos ruptura”. Muchas cosas se tienen ya con la reforma de telecomunicaciones y es previsible que se mantengan en el TLCAN.
Estados Unidos quiere que se mantenga un regulador independiente, reducir las barreras de entrada al mercado, eliminar límites en inversión en telecomunicaciones, dar certidumbre a proveedores para que usen la tecnología que prefieran y acceso a interconexión, “todos esos puntos se pueden identificar en el nuevo marco legal producto de la enmienda constitucional 2013-2014, así que no hay elementos de ruptura”.
Para Romo, lo positivo sería ver que, manteniendo estos elementos de continuidad, veamos mayor interés de otros “jugadores” en telecomunicaciones que son menos visibles que un AT&T o Telcel, pero que pueden atender áreas específicas del desarrollo de las telecomunicaciones, como despliegues de small cells y servicios relacionados con el Internet de las Cosas. Por su parte, Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones expuso que, si bien es libre comercio, hay una industria nacional a la que hay que crearle ventajas competitivas con Estados Unidos.
“Puede ser una oportunidad para tratar de lograr algún tipo de homogeneidad regulatoria (entre México y EU) y permitir inversiones en ambos países”, agregó.
Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom consideró que el gobierno mexicano debe velar por la protección de datos, la competencia y la economía digital y convergente del mercado nacional.