La semana pasada tuvimos la noticia de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Especializado emitió la Resolución del Amparo que presentó Telmex, contra la Declaración de Preponderancia que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El Tribunal Colegiado confirmó la resolución del Ifetel, que declaró que Telmex es Preponderante en el sector Telecomunicaciones.
El Tribunal Colegiado también confirmó las medidas asimétricas impuestas por el Ifetel a Teléfonos de México, como Agente Económico Preponderante en el Sector Telecomunicaciones.
Aún no se conocen los detalles de dicha sentencia, y posiblemente tardaremos un par de semanas en conocer el contenido exacto de la resolución.
Asimismo, es necesario recordar que esta sería la primera sentencia definitiva sobre el tema de preponderancia del Grupo Carso/Telmex/Telcel, pero definitivamente no será la última.
Esto porque temas relacionados con la preponderancia también están en juicios de amparo, como el Convenio Marco de Interconexión, la llamada Tarifa Cero de Interconexión, y la Resolución de Desagregación del Bucle Local, todas tienen diversos juicios en camino y que tardarán, al menos varios meses más en tener resoluciones definitivas.
También hay que recordar que el Ifetel está actualmente en proceso de revisar las medidas de regulación impuestas a los dos Agentes Económicos Preponderantes, en telecomunicaciones y en radiodifusión.
Al respecto hubo consultas públicas y han abierto un mecanismo para tener reuniones con interesados. No deberá tardar mucho más, para saber si las medidas impuestas a ambos preponderantes se modificarán o continuarán en la misma forma.
Sin embargo, es un buen logro para el Ifetel, y un golpe real para Telmex. Es un buen momento para que los funcionarios de Instituto celebren que los tribunales respaldaron su decisión y tomar aliento para las batallas que siguen.
REFORMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Aunque se escuchó mucho de la Ley 3de3, recientemente se publicó una serie de reformas a las leyes que regulan a la administración pública.
Como con muchos temas relevantes, el primer cambio consiste en homologar la regulación entre estados y la Federación, pues ahora habrá una Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, que aplicará tanto a estados, municipios y a la Federación.
También se modificó la forma de vigilancia y sanción de las conductas prohibidas de los servidores públicos, donde las sanciones más graves, como destitución, suspensión y multas, serán resueltas por los tribunales administrativos (antes sancionaban los Órganos Internos de Control).
Otros cambios incluyen mecanismos de inmunidad para quien denuncie hechos de corrupción, nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación y nuevos procedimientos y facultades para los tribunales administrativos.
Es una reforma importante y loable, y como cualquier proyecto es perfectible. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de reformas tardan años en lograr resultados tangibles. Todos queremos desaparecer la corrupción de forma inmediata, pero estos cambios, como otros de este sexenio, tardarán años en dar resultados visibles.
