Mañana jueves 16 de marzo se vence la segunda prórroga que Telefónica concedió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para alcanzar un acuerdo respecto a la demanda emprendida contra el Gobierno hace casi 5 años.
En la demanda solicita una compensación de 14 mil 737 millones de pesos por el impacto derivado en la baja de las tarifas de interconexión, un plazo que de acuerdo con expertos, está conectado con la resolución de preponderancia sobre América Móvil emitida recientemente.
Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, indicó que el operador se mantuvo a la espera de la resolución en materia de preponderancia para evaluar si las medidas definidas por el IFT le permiten tener una ventaja regulatoria y por tanto, no acudir al Estado mexicano en un tema en el que es soberano.
A decir del experto, a pocos de que se venza el plazo, Telefónica debe calibrar si retira o no la demanda; aunque aseguró que de mantenerla, esta no procedería en ningún sentido. En su opinión, la firma no solo debería retirar la demanda, sino generar nuevas inversiones ante un entorno competitivo más intenso en el mercado mexicano.
La demanda fue interpuesta el 9 de marzo de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, cuya primera sesión de acuerdo con las parte se celebró en mayo de 2015.
Esta no es la primera vez que Telefónica emprende una acción como ésta. En 2009 el operador retiró una demanda interpuesta en 2003 contra Argentina por actualizar las tarifas de servicios parcialmente y no en su totalidad, luego de las crisis económicas en aquel país en 2001 y 2002.
En el cuarto trimestre de 2016, el operador señaló que un fuerte nivel de competencia en México, sumado a los gastos en el despliegue y mejora de la red, ‘interfirieron’ en su flujo operativo del periodo, que cayó 46.5 por ciento.
Por su parte Ramiro Tovar, analista de telecomunicaciones, destacó que es probable que el asunto se resuelva con un fallo a favor de la SCT, ante un escenario que se ha transformado en los últimos años pues su inconformidad fue emitida incluso antes de que se promulgara la reforma.
Telefónica declinó hacer comentarios a El Financiero al respecto, argumentando restricciones legales impuestas por el propio Tribunal Arbitral.
