Gran valor de marca ha readquirido “Telecomm de México”, pues el organismo estatal preserva su esencia como proveedora del servicio telegráfico en México (siete millones de telegramas al año), la empresa estatal que administra el sistema satelital mexicano y recibió la concesión de telecomunicaciones de la CFE —redes troncal y mayorista— también ya es un poderoso instrumento de inclusión financiera.
Le anticipo que dos bancos más se encuentran en proceso de contratar los servicios de corresponsalía de la empresa que encabeza Jorge Juraidini, pues la experiencia que ha tenido con los nueve que usan sus servicios, también se ha fortalecido al abrir sus servicios a sofomes, sofipos, uniones de crédito, microfinancieras y al convertirse en uno de los primeros receptores de ahorro voluntario para el retiro.
Hace tres años tenían mil 400 sucursales y en febrero alcanzaron mil 725 para expandir la cobertura a mil 123 municipios del país, como auxiliar de crédito. Cumple con todas las obligaciones regulatorias y de supervisión en materia de identificación de clientes y lavado de dinero. Al ritmo que trae, no dude que alcance a cubrir unos mil 350 municipios al término de la administración, pero con una plataforma de servicios digitales integrados. Esa es una gran novedad.
Lo interesante de la expansión, que ha vigilado con lupa el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es que la estrategia se ha sustentado en la modernización de su red de tpv’s y administración de efectivo eficiente —casi ha logrado pagar lo que capta— y usa su capacidad disponible de telecom digital para ofrecer servicios financieros en tiempo real, pero en zonas marginadas y rurales. En 150 de las sucursales proveen internet gratuito a la comunidad como parte del México Conectado y están en camino de integrarlas a todas en el mismo programa.
Aunque es difícil de creerlo, el telegrama sigue siendo por ley el principal elemento de notificación judicial y se emiten siete millones de telegramas, pero no de 23 palabras, de ocho a nueve páginas y de ahí proviene la mayor parte de sus ingresos, que se fortalecen con la transferencia fiscal anual del orden de 560 millones de pesos para apoyar al Poder Judicial porque el telegrama en este caso no se le cobra, es parte del presupuesto federal.
Es una entidad regulada como auxiliar bancario por la CNBV, que preside Jaime González, y a diferencia de otros intermediarios, es de las instituciones que siempre tienen palomita en cumplimiento de información. De hecho, 35% de sus ingresos proviene de la corresponsalía bancaria.
Traigo este detalle a colación porque en la discusión de si la red de Diconsa, que dirige Juan Manuel Valle, y como parte de un programa de inclusión financiera que ha impulsado fuertemente el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, desde que estaba en la Secretaría de Hacienda, sería interesante que se planteara la conexión de esa red e incluyera la de Liconsa, para potenciar las posibilidades de penetración. Fíjese, tiene menos de un año la emisión de tarjetas ligadas a los servicios de corresponsalía bancaria y remesas, se han distribuido ya 60 mil de ellas y no retiran el total del recurso recibido porque el saldo promedio es de 680 pesos al año.
La emisión de plásticos apenas está en Michoacán, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y avanza en Gro, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y lo ha hecho con sistemas de control, fianzas, contratos individuales, personal que está certificado en NPL, pues si se conecta la red de Liconsas y Diconsas, el desafío es que los abarroteros no son empleados de Sedesol, son dueños de tienditas que incluyen el abarrote o la leche subsidiada. Igual, el potencial de la red está ahí —de plano descarte Bansefi porque ese requiere cirugía crítica— porque de lo que sobrevive es de cobrar la cuota de intermediación de pago de subsidios federales, aun cuando acaba pasando el contrato a los bancos comerciales porque no tiene la capacidad ni el alcance.
Y la pregunta es válida: ¿Por qué si tienen un instrumento gubernamental que se ha fortalecido bien para promover inclusión financiera, no lo aprovecha la SHCP, de Luis Videgaray, con todo el potencial que tiene?
DE FONDOS A FONDO
Ya le platicaba de las resolución preliminar a la que llegó la Cofece, de Alejandra Palacios, en relación a la investigación de slots en el AICM, de Alexandro Argudín, y el hecho de se haya determinado que sus slots son un insumo esencial. La reacción del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido contundente, porque la autoridad en materia de aviación civil es la Dirección de Aeronáutica Civil y el propio AICM-Seneam, los que por ley definen slots, pero recordemos que el legislador jamás entregó la política de competencia económica en la materia a el Instituto del Transporte o a la DGAC, como fue el caso del IFT, que preside Gabriel Contreras.
El que más puede ser afectado si la resolución se ratifica es justamente la SCT. Por lo pronto, se iniciará el procedimiento seguido en forma de juicio —primera vez que se prueba esta figura— en el que la secretaría y actores podrán hacerse oir y cuestionar lo que a su derecho convenga. La autoridad investigadora a cargo de Carlos Menaemitirá la resolución definitiva y es la que se iría al pleno de la Cofece, que tendría la última palabra. La SCT esperará a que concluya el proceso antes de impugnar por la vía judicial, argumentando que se afectarían las facultades que se encuentran inscritas en la Ley del Servicio Aéreo.