El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023, trae una grata e inesperada sorpresa para los consumidores de los servicios de las telecomunicaciones y obviamente, para los operadores de las empresas. El PPEF-2023 dispone que no habrá actualización inflacionaria para el pago de los derechos de los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el ejercicio fiscal 2023.
La disposición le da un enorme respiro a las empresas de telecomunicaciones y muy probablemente podrá continuar la tendencia decreciente y, a contrapelo de la inflación, que venían registrando las tarifas en los servicios de telecomunicaciones a los consumidores finales. Con tal disposición queda clara la relevancia que ha adquirido durante el último año el objetivo del gobierno federal de cerrar la brecha digital en México.
La decisión de la secretaría de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O., para mantener los derechos por el uso, goce y/o aprovechamiento del espectro radioeléctrico a los mismos niveles del 2022, no tiene precedente. Es decir, cada año, invariablemente se actualizaba con la inflación el costo del espectro radioeléctrico para los operadores.
En la columna de Ricos y Poderosos del pasado 08 de septiembre del año en curso, titulada: Telecom: “El hubiera sí existe”, le informé que, de acuerdo con un estudio de la Asociación GSMA –una organización de operadores móviles, que agremia a 750 operadores de telefonía móvil y más de 400 empresas relacionadas–, el costo del espectro radioeléctrico en México está entre los más costosos. De hecho duplica la mediana de América Latina y podría llegar a triplicarse.
Por eso, la decisión de no actualizar con la inflación para el próximo año el espectro radioeléctrico, es una gran noticia para los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Con ella, el Gobierno Federal reconoce que incrementar el costo del principal insumo para ofrecer los servicios puede generar presiones adicionales a los precios de los servicios.Especialmente, en momentos donde la inflación está a punto de llegar a los dos dígitos y los más afectados han sido los hogares menos favorecidos.
El gobierno decidió abandonar parcialmente el motor recaudatorio y optó por un objetivo de conectividad social que busca expandir la conectividad. Con ello asegura que los mexicanos puedan continuar ejerciendo su derecho constitucional de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Las otras piezas del rompecabezas
En el tablero del rompecabezas de las Telecom, además del espectro radioeléctrico, hay otras piezas claves para la expansión de cobertura en el país: CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, la rama de telecomunicaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).Respecto a CFE Telecomunicaciones, la empresa del Estado ha prometido que conectará las zonas financieramente no viables.
Desde su creación ha registrado un aumento considerable en su presupuesto. Pasó de mil millones de pesos, en 2019 a 10 mil 900 millones de pesos, para 2023.
Este año se observa un cambio en el rumbo de los planes del Gobierno para CFE Telecom: a pesar de que su presupuesto sigue aumentando −otorgándole casi 5 mil millones de pesos adicionales a lo que se le asignó en 2022−, no se está considerando ni un peso para inversión en infraestructura (el año pasado se le asignaron 800 millones de pesos a este rubro).
En su lugar, prácticamente los 10 mil millones de pesos de CFE Telecom se destinarán a la “Gestión del corporativo a las empresas subsidiarias”, lo que muy probablemente significa que se inyectarán a Altán Redes, la empresa mayorista de telecomunicaciones donde el Gobierno tiene más del 60% de las acciones.
La SICT también incrementó su presupuesto en más de 50% comparado con el año pasado. El IFT pretende aumentar su presupuesto 7.7%, es decir, pidió actualización con la tasa de inflación anual.
Al ser un organismo autónomo, el IFT presenta su propuesta de presupuesto en el paquete económico y es tarea del Congreso definir si la acepta o la modifica.
A partir de la presentación del paquete económico, el Congreso tiene un par de meses para analizar el presupuesto y votar la propuesta enviada por la SHCP. Esperemos que mantengan las intenciones de SHCP de no generar mayores presiones a los precios de telecomunicaciones. Los beneficiarios serán los consumidores o usuarios finales.