vía El Economista.
Apenas quedan unos pocos días para que finalice el 2022. Como es tradición el nuevo año llegara preñado de optimismo y deseos de que durante sus doce meses de existencia se logren cumplir todos los anhelos que nos dejo pendientes su antecesor. ¿Pero cuál serían estos deseos truncos que no lograron dar fruto en los pasados meses?
La respuesta no se presenta sencilla pues hay diferentes elementos a ser considerados. Si cometemos el error de considerar el progreso tecnológico del país según los números agregados de todos sus componentes, podríamos pensar que se han dado pasos muy importantes en conectividad.
Desafortunadamente, la realidad de la población no se mide solamente de forma agregada. Hay elementos regionales y locales que ocasionalmente son considerados por los tomadores de decisiones de política pública. Esto se debe a que hay problemas que pueden erigir una gran barrera en la adopción de nuevas tecnologías en unas pocas localidades que, al medirse en contra de la población nacional, constituyen un porcentaje muy pequeño que tiende a ser ignorado en las agencias del gobierno federal.
La realidad nos muestra un panorama de las telecomunicaciones en México con desarrollo asimétrico en los distintos mercados de la región, con distintos desafíos siendo prioridad para las autoridades de gobierno de cada estado. Queda claro que en Nuevo León o Baja California al momento de mirar la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones (TIC) lo que parece generar mayor interés es la expansión de la fibra óptica y la capacidad de almacenamiento de datos.
Mientras que en lo que parece una realidad alterna en Guerrero, Chiapas, Zacatecas o Oaxaca entre los factores de mayor peso se encuentra la presencia de infraestructura civil y la llegada de tecnologías más modernas a las que tiene acceso la población. Mientras algunas zonas urbanas van adecuando sus redes a la llegada de 5G, otras localidades siguen soñando con la llegada de la cobertura móvil terrestre sin exigir mucho sobre la generación de esta.
Lo anterior no implica que el sector no haya dado algunos pasos para enderezar aquello que ya reconoce hasta la saciedad que es un problema. No es necesario hacer más estudios que nos identifiquen cuales son las necesidades de las comunidades indígenas, de las localidades rurales con baja densidad poblacional o aquellas con habitantes de bajo poder adquisitivo. Ese trabajo ya se ha hecho y se actualiza periódicamente, ya sea desde entidades de gobierno o por contribuciones del sector privado o la sociedad civil.
Sin embargo, queda el problema de la apatía gubernamental ante la prueba irrefutable de las bonanzas que trae consigo una mayor adopción de TIC, pero acompañada con esfuerzos de capacitación a la población. Una educación que les permita identificar las oportunidades que la tecnología les ofrece para mejorar su vida.
Es aquí donde miramos por el retrovisor a los meses que ya pasaron de 2022 y nos enfrentamos a promesas inconclusas. Esas tareas pendientes que inexplicablemente no llegaron a concretarse por razones que tienen más de engreimiento personal que de política publica centrada en desarrollo. Por ejemplo, se termina el año con un comisionado menos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) si se compara con la cifra existente el 1 de enero de 2022.
Las consecuencias de esta dejadez son numerosas. Un regulador que tiene ante sí la responsabilidad de velar por el sano desarrollo de un sector sumamente dinámico, que impacta a todos los otros sectores productivos de la economía y tiene injerencia en los planes de trabajo de todas las agencias de gobierno ha sido relegado sin explicación seguramente costándole millones de pesos al erario mexicano. Por otra parte, el discurso de inclusión de género, de impulsar igualdad y equidad entre hombres y mujeres queda totalmente desbancado pues los procesos para nombrar mujeres comisionadas han sido ignorados. Una espera eterna que deja al IFT con menos recursos y al borde de una crisis constitucional al no poder tener quorum para tomar ciertas decisiones. Tal vez en 2023 se resuelva esta absurda situación.
Asimismo, otro avance que se ha visto es el incremento en concientización por algunos gobiernos estatales en la creación de planes de conectividad para su territorio. Ante la ausencia de una Agenda Digital Nacional que coordine los esfuerzos a nivel nacional, algunos gobiernos locales han decidido no esperar más y hacerse cargo de una agenda de crecimiento digital que les permita no perder competitividad en los mercados internacionales en aquellos rubros donde la tecnología tenga un papel protagonista. Lo negativo es que muchos de los estados que están tomando este tipo de decisión son aquellos con ingresos per cápita más alto. Nuevamente los más necesitados son los más rezagados.
Tal vez durante el 2023, el desarrollo de una ADN con compromisos cuantificables sea una de las agradables sorpresas que nos regale una nueva vuelta alrededor del sol. Esto acompañados de esfuerzos por seguir avanzando en la asignación de espectro radioeléctrico, ya sea para la oferta de servicios 5G (IFT-12) o redes privadas (IFT-13). Independientemente de los planes que finalmente se materialicen al respecto lo importante es que la asignación de espectro en términos que sean aceptables tanto para los gobiernos como para los prestadores de servicio. Asimismo, la disminución de procesos burocráticos en la aprobación de permisos para el despliegue de infraestructura lo cual abarata costos y acelera la expansión de la cobertura tanto de infraestructura para servicios móviles como de otras tecnologías como la fibra óptica. Hace falta mucha fibra óptica, sobre todo, en los estados del sur-sureste del país: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Ojalá 2023 sea el año donde se destraben los nudos que impiden promover la adopción de nuevas tecnologías. Es necesario que al tradicional acercamiento de impulsar la expansión de cobertura poblacional desde las entidades de gobierno se le agreguen esfuerzos por fomentar la asequibilidad de la tecnología. Dicho de forma más sencilla, que la gente pueda pagar por el dispositivo y por el servicio que ofrecen los operadores de telecomunicaciones.
Personalmente yo estoy literalmente cansado de escuchar en numerosos foros a oradores repetir que según han declarado portavoces del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, por cada mes que se pasó en cuarentena bajo la pandemia del COVID-19 equivale un año de entendimiento entre los tomadores de decisiones de política pública acerca de la importancia de la tecnología como herramienta fundamental de crecimiento económico. Asimismo, desde la perspectiva del usuario se pudo observar durante este periodo una mayor adopción de aplicaciones de transferencia de dinero y compras durante este periodo.
La pregunta es que se está haciendo para capitalizar con este nuevo entendimiento del mundo digital. Como expandir el impacto positivo de las telecomunicaciones y las TIC en el mundo que paulatinamente se esfuerza por regresar a la normalidad. Tal vez 2023 traiga un respeto a las instituciones que sirva para construir un México con una agenda de política pública robusta en lo referente a la tecnología. Se vale soñar.4
