La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a resolver la constitucionalidad de la llamada tarifa cero de interconexión, una de las medidas más controversiales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La llamada tarifa cero es la regla que dice que el agente preponderante en telecomunicaciones (léase Telmex/ Telcel) no cobrará a sus competidores por llamar a sus usuarios. Sin embargo, el preponderante sí pagará a sus competidores por el mismo servicio.
Sus promotores dicen que la tarifa cero ayuda a los competidores a equilibrar el mercado de telecomunicaciones. En realidad la medida sólo puede afectar al mercado de telefonía, y los beneficios que ha traído a la fecha son cuestionables. Esto puede ser por falta de tiempo para que las empresas ajusten sus planes de inversión, o porque la interconexión cada día es menor en los costos de los servicios. Los detractores de la medida dicen que es una incautación, puesto que el servicio de interconexión sí tiene un costo para Telmex/Telcel y beneficia a sus competidores, por no pagarlo.
Después de la fuerte disputa sobre los derechos de las audiencias, que hoy está también en la SCJN, donde hay una iniciativa para modificar la ley, e incluso el propio Ifetel suspendió su aplicación; la tarifa cero podría ser un segundo golpe a la ley de telecomunicaciones.
Vale recordar que los temas controvertidos en ambos casos no están en la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones. Los derechos de las Audiencias no están en disputa, sino sus alcances y vigilancia. La preponderancia no es controvertida (ahora) sino la tarifa cero.
En todo caso, dado lo novedoso de la tarifa cero como medida de regulación asimétrica, para equilibrar el mercado, la Suprema Corte deberá resolver si es una medida constitucionalmente válida, o si viola los derechos del preponderante.
Ahora bien, si la SCJN resuelve en contra de la tarifa cero, queda la duda de ¿quien pagará a Telmex sus daños desde 2014 a la fecha?, sus competidores?, ¿el instituto?, ¿los usuarios?, ¿nadie?
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Por años uno de los principales problemas del sector han sido las múltiples generaciones de títulos y regulaciones que deben acatar (en distintos grados y fechas) los concesionarios de telecomunicaciones.
Recientemente el Ifetel inició la consulta pública del llamado Sistema de Métricas de Telecomunicaciones (Simet), donde se centralizará la información (ahora electrónica) que deben entregar los operadores a la autoridad.
Aunque la mayoría de los operadores deberán entregar más información que antes, en virtud de que la entrega será electrónica, es más factible que el Ifetel sí haga uso de la misma para efectos estadísticos y de regulación; a diferencia de la entrega de información física, que el instituto no puede ni intenta usar de forma coherente.
El cambio de información dará más homogeneidad a la información de distintos operadores, aunque podría haber simplificado más. Aun así, es un importante avance que se lleva trabajando desde hace unos 10 años, y que ahora parece que podría ser realidad.
