vía El Economista.
En días recientes, se dio a conocer que la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, está impulsando una iniciativa para reordenar el cableado de redes de telecomunicaciones, especialmente de fibra óptica, que recorre la capital del país, para consecuentemente fortalecer la recaudación local, al requerir un pago de derechos para su instalación.
Esta regulación nacería de atender no sólo un problema de contaminación visual, sino también de protección civil. El proyecto legislativo de la titular del ejecutivo local se sumaría a iniciativas previas que pretendían acelerar el proceso de soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.
Acceso a Telecomunicaciones en la CDMX. La red de postes y cableado de la Ciudad de México (CDMX), sobre la que descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, habilitan que 7 de cada 10 viviendas dispongan de telefonía fija, cerca de 8 de cada 10 (75.7%) cuente con acceso a internet, aproximadamente 5 de cada 10 (46.9%) tengan servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte (34.8%) algún servicio de streaming, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
La aprobación y aplicación en el corto plazo de estas iniciativas en la CDMX generaría afectaciones sobre los 7.1 millones de habitantes de la CDMX que son usuarios de internet, los 6.5 millones que son usuarios de telefonía fija e incluso a parte de los 4.3 millones que cuentan con el servicio de televisión de paga.
La infraestructura aérea de redes de telecomunicaciones también habilita la prestación de servicios móviles por lo que se verían afectados estos usuarios, que prácticamente son la totalidad de los habitantes de la CDMX (92.2% del total) y que contabilizan 8.5 millones de usuarios.
Potenciales Afectaciones por el Soterramiento del Cableado. Aunque loable para efectos de la imagen urbana, el proceso de soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones provocaría afectaciones que irían desde cortes parciales a los servicios para completar el proceso, hasta incrementos en los precios al consumidor de los servicios de telecomunicaciones.
Esta trayectoria alcista derivaría de los altos costos que enfrentarían los operadores de telecomunicaciones, al requerir de cuantiosos montos de inversión para concretar el proceso. Asimismo, esta circunstancia impondría barreras económicas al acceso a estos servicios, derecho consagrado en la Constitución.
Algunas estimaciones que derivan de experiencias de soterramiento en otras ciudades apuntan que el costo de “bajar” las redes de telecomunicaciones podrían rebasar los $165 mil dólares por kilómetro, es decir, alrededor de $3.3 millones de pesos por kilómetro.
Al considerar los cerca de 14 mil km de extensión de las vías primarias, secundarias y caminos restringidos, el costo total de soterramiento de las redes de telecomunicaciones en la CDMX podría superar los $46 mil millones de pesos, es decir casi 22 veces el PIB de telecomunicaciones del año 2021 y 28% más de la totalidad del PIB del país durante la primera mitad de 2022.
Aunque el objetivo de las iniciativas de soterramiento de la infraestructura en la CDMX sean encomiables, las potenciales afectaciones incluyen la desconexión y el alza de precios de los servicios para los usuarios, al implicar prácticamente el despliegue de nuevas redes. Estos procesos deben realizarse a través del tiempo, ser proyectos de largo plazo y minimizar los impactos a los consumidores, quiénes requieren hoy más que nunca de una plena conectividad ininterrumpida durante su día a día.
@ernestopiedras