vía Animal Político
Del total de designaciones públicas pendientes en los últimos años, el 71 % corresponde a una omisión por parte del presidente, el 24 % son responsabilidad del Senado y el 5 % restante recae en la SCJN.
El periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión –que concluyó el pasado 30 de abril– cerró con 21 designaciones públicas pendientes, seis más de las que se vienen arrastrando de años anteriores.
Cabe recordar que, a inicios de este año, se registraban 16 designaciones pendientes:
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- 2 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de 2020 y 2021, respectivamente;
- 3 correspondientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y que datan de 2015;
- 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dos desde 2019 y una a partir de 2020;
- 1 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), desde 2020;
- 3 de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), de 2021;
- 2 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 2021;
- 1 del Tribunal Superior Agrario (TSA), de 2021;
- 1 dentro de la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de 2021.
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A lo anterior se sumaron cuatro designaciones que debían de haberse concretado durante estos primeros cuatro meses de 2022, debido a la conclusión del periodo de dichas responsabilidades públicas, a saber: un lugar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); uno más en el IFT, y dos espacios en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Más otra derivada por la renuncia anticipada de un integrante de la CS del SNA.
De este conjunto de procesos, el 71 por ciento obedece a una omisión por parte del titular del Ejecutivo Federal, al no enviar las propuestas correspondientes al Senado de la República para su ratificación, valoración y/o rechazo. Destaca, por ejemplo, el caso de las seis designaciones relacionadas con el IFT y la COFECE, donde mediante un juicio de amparo promovido por Observatel se refiere que “el Presidente de la República rechaza la validez de las listas enviadas por el Comité de Evaluación para la selección de candidatas y candidatos a comisionados”.
Otra parte importante de estas designaciones pendientes son responsabilidad del Senado de la República 3 –el 24 por ciento– donde en la mayoría de los casos (cuatro de éstos) existe un dictamen aprobado por las comisiones involucradas, pero la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) no los sometió al pleno; incluso resalta –para mal– que el dictamen aprobado, desde el 1o de abril por las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia, para el caso del INAI no haya sido publicado aún.
Un último proceso –que representa el 5 por ciento de este total– recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); es el relativo a un lugar en el CJF, donde está pendiente la publicación de la lista y expedientes de las personas participantes que se registraron hasta el 7 de marzo pasado, deteniendo con ello la posibilidad de avanzar con las siguientes etapas del proceso.
Este panorama es alarmante, pues se observa un patrón recurrente de incumplimiento por parte de las autoridades responsables de llevar a cabo designaciones públicas, que se agrava por la ausencia de ejercicios de rendición de cuentas que expliquen y fundamenten las razones de estos retrasos, por la indefinición de los plazos para su resolución y por el propio desarrollo de estas decisiones, mermando con ello el funcionamiento de las instituciones involucradas, tan relevantes para los controles y contrapesos democráticos y para la garantía de los derechos de las personas.
En este sentido, se hace imperioso contar con otras reglas para las designaciones públicas, unas que establezcan una facultad de cierre de los procesos con plazos legales bien definidos y con mecanismos de exigibilidad e impugnación ante su incumplimiento o mal desarrollo, pues los marcos legales que los norman están alejados de estándares de transparencia, participación ni rendición de cuentas. Por lo que, es apremiante avanzar hacia una política pública en materia de designaciones que dé certeza jurídica, construya confianza y apunte a transformar estas prácticas poco democráticas.
#PerfilesIdóneosYa
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones).
1 Es el caso de las designaciones relativas al TFJA, la CNH, la CRE, el TSA, el INEGI, el IFT y la COFECE.
3 Estas corresponden a un lugar dentro del CJF, dos en el INAI y uno en la CS. Para el proceso de otro lugar al interior de la CS, debido a la renuncia de un integrante en marzo pasado, aún no se emite la convocatoria respectiva.
4 El acuerdo respectivo se puede consultar aquí.
