Echar abajo la llamada tarifa cero de interconexión sería “desafortunado” para la industria de telecomunicaciones y sobre todo para los usuarios de telefonía, consideró Iván Ruiz, del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
El expresidente y actual miembro del IDET consideró que para el sector y los usuarios lo mejor sería que se ratifique la constitucionalidad de la medida asimétrica que prohíbe al agente preponderante cobrar por la terminación de llamadas en su red, por lo que sentencia definitiva en sentido contrario tendría repercusiones en la competencia y posteriormente en el bolsillo de quienes pagan por estos servicios.
Además de que impactaría los beneficios en que ha repercutido la reforma en la materia aprobada hace cuatro años, como la reducción de precios, la llegada de nuevos operadores, y el incremento en la calidad de la oferta de servicios, entre otros.
Esto luego de que se divulgó un proyecto del ministro Javier Laynes que aceptaría el amparo interpuesto por Radiomóvil Dipsa y que declararía inconstitucional el artículo en materia de telecomunicaciones que permite al Congreso de la Unión imponer medidas asimétricas entre operadores.
“El Congreso sí tiene competencia para legislar en materia de competencia y telecomunicaciones, según lo señala el artículo 28 de la Constitución, además de que en ningún momento se le quitó al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) la facultad para hacerlo”, explicó en respuesta a los argumentos del proyecto que le dan la razón a América Móvil en ese sentido.
El artículo 131, inciso A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece que el agente económico preponderante (AEP), en este caso América Móvil (Telmex/Telcel/Telnor), no podrá cobrar a sus competidores dicha tarifa por terminación de llamadas mientras tenga más del 50% de participación de mercado. En ese sentido, lo que analiza la SCJN es si el mismo resulta o no constitucional.
No obstante, el experto resaltó que al tratarse de un proyecto, cabe la posibilidad de que la Corte cambie el sentido del fallo, ya que la sentencia definitiva se conocerá el 16 de agosto, cuando se tiene previsto que los ministros analizarán y votarán lo planteado en ese documento.
Entre los posibles escenarios que observa, explica Ruiz, se encuentra la posibilidad de que los ministros voten en diferentes sentidos en puntos en particular del proyecto y, en caso de que la mayoría no esté de acuerdo con el mismo, se turne a otro de sus integrantes la elaboración de un nuevo proyecto.
Respecto al punto que le otorgaría al IFT la facultad exclusiva de determinar la permanencia o no de la tarifa cero, el miembro del IDET señaló que el ente regulador se enfrentará a una “brutal decisión”, ya que por un lado tiene al jugador que domina más de un 60% del mercado, y por el otro al resto de la industria que espera acciones que incrementen la competitividad.
