2018-04-20
La manipulación mediática suele rebasar, incluso, los extremos de convencer a la opinión pública, pretendiendo convertir un tema técnico-económico de impactos y beneficios sociales en un caso político.
Por no llamarlo rollo o intriga; abuso o de plano corrupción contra la patria…
De eso estamos, hoy por hoy, en los extremos que la lucha electoral general sin ver que haya quienes intenten ausentarse de ella y, por el contrario, busquen agregarse al show.
Me refiero a la reciente decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre separar funcionalmente a Telmex, los servicios mayoristas que brinda, para que sus competidores puedan tener acceso efectivo a su infraestructura y por ese conducto entregar servicios a usuarios. La idea del Ifetel simplemente intenta cumplir con el mandato de regular la capacidad monopólica de Telmex y contribuir al incremento de servicios de telecomunicaciones, como el de internet y telefonía fija, que si bien han avanzado a partir de la reforma en telecomunicaciones, aún falta mucho para que esos servicios públicos logren los índices aceptables de penetración al alcance de los usuarios finales, sobre todo, comparándonos con países miembros de la OCDE.
La presión contra el Ifetel por lo anterior ha obtenido el extremo de que el sindicato de trabajadores telefonistas, el más avanzado del país, se prestara a un juego para espantar a la sociedad, al Ifetel y al gobierno en su conjunto, con la amenaza de huelga, porque esa decisión podría impactar negativamente a Telmex… ¡Vaya extremo..! Nada más falso. Así quedó expuesto con total nitidez en un boletín del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que ventila la existencia de un acuerdo previo entre Telmex y el sindicato de los telefonistas, pero que deja totalmente a salvo los derechos de los trabajadores.
Debemos recordar que esa empresa pertenece al grupo de interés económico más grande el país y que aunque se tome la decisión de separarla funcionalmente, la nueva empresa que se forme seguirá perteneciendo a ese grupo y, además, seguirá brindando servicios por los que recibirá una retribución.
Sólo que ahora sí los deberá brindar de manera económicamente eficiente, abierta y justa.