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Para la implementación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue aprobado por el Congreso, los prestadores de servicios de telecomunicaciones celulares deberán invertir, en conjunto, entre 378 millones y mil 126 millones de dólares, estimó Carlos Chavarría, director ejecutivo y experto en Biométricos de la firma mexicana NA-AT Technologies.
Explicó, en entrevista con Excélsior, que el costo puede variar entre 3 y 10 dólares por usuario, dependiendo del nivel de seguridad que se le quiera dar al padrón; pero que, incluso, existen sistemas que permiten que el mismo consumidor realice la captura de sus datos biométricos desde el smartphone, sin tener que trasladarse hasta un centro de atención o tienda para realizar el proceso, sin intervención humana y en conexión directa con las telefónicas; además de las soluciones que existen en la nube, lo cual bajaría los costos de manera significativa.
De acuerdo con datos oficiales de los prestadores de servicios móviles, en la actualidad hay alrededor de 126 millones de líneas móviles activas en el país.
En tal sentido y ante el temor de la población de proporcionar sus datos biométricos, consideró que, una vez que el Congreso aprobó la construcción del padrón, la sociedad deberá exigir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, en sus directrices, establezca claramente los estándares y capas de seguridad y biometrías que se dará a la base de datos, misma que los operadores deberán construir.
Observó que si bien es verdad que existe cierta desconfianza de los ciudadanos para proporcionar los datos al gobierno, se debe tener en cuenta que tal información estará en manos de las empresas telefónicas que pertenecen al sector empresarial; por lo que el IFT deberá establecer con claridad los mecanismos para proporcionar la información.
Destacó que ahora el celular equivale casi a traer dinero en efectivo. Agregó que la digitalización advierte que procesos como las bases biométricas son una tendencia sin marcha atrás.
EXIGENCIAS
Por lo anterior, dijo que la tecnología sí importa, por lo que “al IFT le tenemos que exigir la implementación de las tecnologías adecuadas, los estándares de seguridad que protejan la información de los ciudadanos. Hay niveles de seguridad y el problema es que, cuando esos niveles de seguridad no se consideran, entonces se pone en riesgo la información de todos los ciudadanos”.
Destacó que, al implementar los mecanismos de seguridad como los que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE), que cuenta con una de las bases más costosas, y las instituciones bancarias, aunque la información fuera robada, no serviría a los delincuentes porque no está completa, dado que se proporciona solo alguna parte de ésta.
Ejemplificó que tales niveles de seguridad es lo que se aplica en el BlockChain y el uso de criptomonedas para transacciones seguras.