Fue hace más de dos semanas cuando le informé en este espacio que la compañía estadounidense Roku enfrentaría problemas en el mercado mexicano debido a que su plataforma para bajar contenidos vía internet (streaming) presentaba serios conflictos para la protección de derechos y licencias. En otras palabras, que la propiedad intelectual de los contenidos que se obtienen a través de Roku no está garantizada. El área de Relaciones Públicas de Roku se puso en contacto conmigo para decirme que yo no entendía el negocio de la empresa y que, por supuesto, no tenían problemas de piratería de contenidos.
Ahora, leo en otros medios que directivos de Roku aceptan que su plataforma sí puede ser vulnerable ante personas que se dedican a robar contenidos. Muy grave. ¿Cómo garantiza Roku la legalidad de su servicio? ¿Cómo protege a sus clientes? No hay muchas respuestas. Lo cierto es que ahora la empresa Cablevisión obtuvo de un juez un recurso de suspensión para evitar que los dispositivos de Roku se vendan en el mercado mexicano. También, me entero, se suspende el pago para contratar servicios de Roku a través de medios electrónicos utilizando tiendas de conveniencia y mediante la plataforma de una SAPI, que es un intermediario financiero no regulado. En otras palabras, resulta que enarbolando las posibilidades de la tecnología y el Internet, Roku quiere defender su plataforma a toda costa a pesar de que muchos hilos de legalidad se encuentran sueltos. Colegas periodistas ahora destacan otro filón informativo: ¿Qué sucede con toda la información que se libera para “comprar” los contenidos de Roku? ¿Quién resguarda los datos bancarios? ¿La información en línea? Suponiendo sin conceder – como dicen los abogados – que Roku se desarrolle sin cometer ilícitos y que sean los piratas los que aprovechan las bondades de su sistema, cómo entonces se protege al usuario. ¿Qué opina la Profeco respecto a este tema en donde no habrá responsables y sí muchos perjuicios?
Oceanografía, siguen las pérdidas
Si usted o la empresa en la que trabaja tuvo la mala suerte de ser parte del grupo de acreedores de Oceanografía, tendrá que observar las resoluciones que se están tomando en la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a los activos que quedaron comprometidos durante el proceso de quiebra de la empresa que ofrecía servicios navieros a Pemex.