Jorge Fernández Menéndez | Excelsior | 28 de Septiembre 2015
En países como Venezuela y Ecuador si uno no da la noticia de un acto oficial de acuerdo con el boletín emanado de las autoridades puede ser sujeto a sanciones. Ese mecanismo se ha utilizado para censurar, impedir la circulación o ahogar económicamente a medios y periodistas para evitar que ejerzan la libertad de expresión.
En nuestro caso gozamos de amplias libertades, más allá de la violencia que los poderes fácticos puedan ejercer en distintos puntos del país, pero esas libertades deben ser defendidas porque estamos a punto de perderlas. En 2013 el Congreso aprobó las leyes de defensa de las audiencias y el de derecho a réplica. En ambos casos, los principios enarbolados son inatacables. Lo que no es admisible es que ahora con sus leyes reglamentarias se intente censurar y coartar la libertad de expresión.
La ley que reglamenta el derecho de réplica ya está para votación en el Congreso. La iniciativa dice que el derecho de réplica “es pertinente respecto a datos o informaciones transmitidas o publicadas… que sean inexactos o falsos”. El gravísimo problema es que al ser en muchos casos imposible de definir la “inexactitud” de la información, los datos u opiniones, las autoridades o los partidos, tendrán la oportunidad de llevar a litigio cualquier opinión que les disguste.
¿Qué quiere decir “inexacto”? Según el diccionario, “que carece de exactitud”. ¿Cómo se hace o cómo se interpreta el informar u opinar con exactitud? ¿Con base en qué? Si uno dice, por ejemplo, que determinado político o partido está errado en su evaluación del crecimiento de la economía ¿tendrá que enfrascarse en un proceso judicial para establecer si ese juicio es exacto o no?
A través de esas inexactitudes de la ley, cualquier político podrá abrirse cuantos espacios desee en los medios disfrazando la promoción de su imagen con el derecho de réplica. Con interponer ese derecho cada vez que se hable de él o ella, tendría garantizado un espacio de promoción gratuito y constante.
Pero si allí hay errores graves que deben ser subsanados, lo que se intenta hacer con el derecho de las audiencias llega al ridículo. Para empezar es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que está planteando la reglamentación de la ley vigente, extralimitando su atribuciones y pasando por encima de instancias como la Secretaría de Gobernación y la de Salud.
Pero el problema va muchísimo más allá: se establece, por ejemplo, que cada vez que se trasmita una publicidad se deben colocar plecas que establezcan que lo es, como si un televidente no supiera diferenciar la publicidad del contenido, pero, además, se debe anunciar con pantallas de varios segundos el inicio de cada espacio publicitario. También, se establece que se debe diferenciar la opinión de la información, incluso, con avisos específicos para ello. Imagínese usted que es un conductor de un programa y ante una información decide opinar sobre ella, como hacemos todos los conductores. Rápidamente el equipo de producción tiene que adivinarlo y colocar un anuncio de que se trata de una opinión. Claro si la opinión es muy corta o navega entre géneros, ello será imposible, pero además, como es una opinión la misma será seguramente “inexacta” para alguien y entonces podrá ser censurada o admitir un derecho de réplica.
¿Qué es lo que se busca? Que los espacios informativos vuelvan a ser los de un lejano pasado: que se lean las noticias, no se opine y si alguien se atreve a hacerlo y no gusta esa opinión que sea sujeto de una sanción.
Los lineamientos del IFT para el derecho de las audiencias establecen que las réplicas a opiniones o críticas deben hacerse en el mismo espacio y tiempo en la siguiente emisión del programa, lo que puede llevar, con una estrategia muy sencilla, a bloquear cualquier espacio informativo con la participación de “replicantes”. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá atribuciones para colocar multas de hasta cinco mil días de salario mínimo y podrá suspender indefinidamente una emisión y hasta la concesión de un medio televisivo, sólo con el voto de tres defensores de audiencia.
Es una suma de barbaridades que omiten algo básico en el periodismo electrónico o escrito: el equilibrio entre la libertad de expresión y la información, entre los datos duros y la opinión, pero también el derecho de las audiencias a recibir información y contenidos plurales. Lo que buscan los lineamientos es convertir al Instituto Federal de Telecomunicaciones de órgano regulador en ente censor, sin criterios objetivos para tomar sus decisiones (¿quién define “el respeto a las buenas costumbres” o la “inexactitud” de un contenido?).
Las leyes deberían estar contempladas para ampliar las libertades, no para coartarlas y censurarlas. Las audiencias deben poder decidir qué contenidos quieren y pueden ver; las opiniones son diversas y por lo tanto legítimas. La publicidad mantiene las empresas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones parece querer que todos los medios y contenidos sean iguales y que la libertad se limite, como en el pasado, a la elevación de la ceja de un conductor cuando da una noticia.