Alberto Aguirre | El Economista | 22 Marzo 2016
La Red Compartida, el proyecto de infraestructura en telecomunicaciones más importante en la historia de México, avanza, a trompicones. Y es que por segunda ocasión, la SCT decidió ralentizar el calendario de la licitación de este espectro radioeléctrico, que efectivamente podría detonar una inversión sin precedentes en el sector, aunque los plazos para su arranque y ejecución se han vuelto cada vez más estrechos.
El diferimiento, en esta ocasión, obedece a la decisión del IFT de recorrer la fecha límite para que los potenciales interesados presenten su solicitud de opinión en materia de competencia y, en consecuencia, también recortó el plazo para emitir dicha opinión.
Diseñada para ser operada únicamente con inversión privada, la Red Compartida sufrirá un ajuste en su cronograma. Para la apertura de ofertas todavía no hay una fecha, aunque se mantiene como umbral el primer semestre del 2016. El fallo, originalmente programado para el 15 de agosto, ahora ocurriría a finales de septiembre. Y en el último trimestre del año, la adjudicación y la firma del contrato.
La Red Compartida será una asociación público-privada en la que el gobierno aportará las frecuencias y el concesionario se encargará de la inversión que permitirá acceder a Internet a las zonas apartadas, de poca densidad poblacional y de escasos recursos económicos.
Las bases del concurso publicadas por la SCT indican que la empresa, consorcio o desarrollador ganador deberá iniciar operaciones a más tardar el 31 de marzo del 2018, con una cobertura de al menos 30% de esas localidad, incluidos dentro de este total 4.5% de cobertura rural. Para el 2023, de acuerdo con el calendario original, tendría que alcanzar su cobertura objetivo, para capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y comercializadoras, y no a los usuarios finales.
El organismo regulador cedió a los comentarios de los consorcios interesados. Y la SCT, contagiada por esa cautela, ha optado por extremar precauciones. Ya previamente, el anuncio del recorte al gasto y la volatilidad del tipo de cambio eran condiciones desfavorables para los 39 grupos que habían manifestado interés por la también llamada Red Mayorista. Tras del lanzamiento de la convocatoria —hace un mes—, una veintena de consorcios han solicitado las bases.
El proyecto está a cargo de Mónica Aspe, quien justo dentro de un mes cumplirá un año al frente de la subsecretaría de comunicaciones a la que llegó tras de que esa posición quedara vacante, luego de la salida del ahora gobernador de Colima, José Ignacio Peralta.
Egresada del ITAM, la joven politóloga fue directora general de la CIRT y a finales del sexenio calderonista se hizo cargo de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Fue ratificada en ese cargo por el secretario Gerardo Ruiz Esparza y bajo su responsabilidad quedó México Conectado, un programa de conectividad social cuyo objetivo es llevar Internet de banda ancha a las escuelas y al resto de espacios públicos en México. En paralelo, estuvo a cargo del proyecto de ampliación de la red de fibra óptica de la CFE y de la implementación de una red nacional de centros de inclusión digital.
Por diseño, el proyecto de Red Compartida será la primera asociación público-privada que adopte el estándar de datos de contrataciones abiertas. La red tendrá obligaciones de cobertura y utilizará al menos 90 MHz de la banda 700 MHz. Entre la veintena de entidades que han refrendado su interés por participar en la licitación internacional, destacaron cinco empresas o consorcios: Alestra-Axtel, GTAC, Pegaso, Total Play y Comunicaciones Veta Grande.
Apenas se conoció que Infrak —el vehículo de coinversión en el que se encuentra la canadiense CDQP, las afores de Sura, Banorte y Banamex, además del fideicomiso CKD Infraestructura— también está interesada en participar en la licitación de la red compartida. A finales del año pasado, esta plataforma de coinversiones había anunciado su intención de canalizar 35,000 millones de pesos en proyectos de infraestructura en México, durante los próximos cinco años.
En círculos financieros comienza a hablarse de otro jugador relevante para esta licitación: el fondo de inversión británico Alinda Capital Partners, cuya participación en el sector de telecomunicaciones cada vez es más relevante. En octubre del 2013, vendió DukeNet —una empresa con 7,100 millas de fibra óptica en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Tennessee, Florida, Virginia y Alabama— a Time Warner, en 600 millones de dólares. Tres meses después, Alinda compró 100% de las acciones de Emitel, la principal proveedora de infraestructura para la radio y la televisión polacas y propietaria de 377 torres de transmisión.
EFECTOS SECUNDARIOS
MUTISMO. Concluido el periodo de registro de candidatos ante la autoridad electoral, ocurre el de los de Quintana Roo y el PRI nuevamente esperará hasta el límite del plazo legal. El próximo domingo 27, viajará a Chetumal Manlio Fabio Beltrones para acompañar a Mauricio Góngora, quien se ha dedicado a restañar a los grupos agraviados. Este trabajo ha sido complicado, tras la salida de Carlos Joaquín y los errores del gobernador Roberto Borge, a cuyos arrebatos ahora atribuyen la renuncia del secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, a las filas del tricolor.
