La Red Compartida de Telecomunicaciones podría implicar una barrera para las demás empresas del mercado, derivado del apoyo y del interés que tendrá el Estado para facilitarle el despliegue de su infraestructura, por lo que no tendría que lidiar con las mismas complicaciones que otras compañías, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Proyectos de despliegue que cuenten con todo el interés y respaldo gubernamental, como podría ser el caso de la Red Pública Compartida, que gracias a dicho respaldo pudieran resolver los trámites y requerimientos locales de una manera más eficiente y ágil que las empresas que no lo tengan, implicaría la clara existencia de barreras a la competencia”, detalla el documento titulado “Estudio sobre las barreras a la competencia y a la neutralidad competitiva causadas por reglamentaciones y trámites de entidades públicas en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión”.
El ITAM explica que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, como torres o antenas, es indispensable para que las empresas amplíen su cobertura de señales y mejoren sus servicios. El análisis señala que existen “barreras claras” para la entrada de nuevos competidores o para los ya existentes, debido a que los jugadores entrantes deben enfrentar condiciones de disparidad para contar con la infraestructura que requieren para ofrecer sus servicios y competir.
La Red Compartida es el proyecto más ambicioso en materia de internet de banda ancha de este sexenio, el cual busca llevar dicho servicio a zonas apartadas. El gobierno federal adjudicó esta red al consorcio Altán, quien deberá iniciar operaciones en marzo de 2018.
El Instituto sugiere que este tipo de proyectos podrían contar con facilidades para agilizar su despliegue derivado de que se trata de un tema prioritario para las autoridades, lo cual implicaría una situación de desventaja para otras empresas.
El ITAM también encontró diez barreras regulatorias que dificultan la competencia en telecomunicaciones, como el establecimiento de especificaciones técnicas innecesarias o la imposición de cargas administrativas altas.
