El ordenamiento constitucional para que la SCT de Gerardo Ruiz Esparza desarrolle una Red Compartida de Banda Ancha, anula cualquier discusión sobre cuál habría sido el mejor destino de la banda de 700Mhz, si se activo de una Asociación Público Privada o de haberla licitado entre operadores de telecom, pero queda la interrogante de si será un negocio viable capaz de vender servicio a América Móvil, AT&T, Telefónica u otros carriers.
Si bien existe una preocupación fundada (pues se divulgó a cuentagotas la identidad de los dos grupos que finalmente llegan a la licitación) sobre el origen de los recursos que usará el socio privado de la Red Compartida, en el modelo de negocio elaborado por la subsecretaria Mónica Aspe no hay capital público: las bases de licitación exigen al socio privado un mínimo de 30% de capital propio y 70% deuda, una porción más inclinada a capital que en otros proyectos. Y el crédito de la banca de desarrollo que eventualmente contrate Altan (donde Multitel de Eugenio Galdón le reparte el queso a Tomás Milmo de Axtel y a Enrique Yamuni de Megacable) o Rivada Networks de Declan Ganley y Spectrum Frontier, tendría que responder a los criterios de riesgo y rentabilidad de Nafin de Jaques Rogonsinzki, Bancomext de Alejandro Díaz de León o Banobras al mando de Abraham Zamora.
Así, de cumplirse la ortodoxia bancaria, no habría una “paraestatal disfrazada” que subsidie a su socio privado. La cuestión de fondo es si las empresas que dirige Daniel Hajj, Thaddeus Arroyo y Carlos Moralesnecesitarán la Red Compartida cuando recién obtuvieron amplios bloques de espectro en la banda AWS. Adicionalmente, sólo habría una suerte de monopolio, similar al que vendía papel a los periódicos mexicanos el siglo pasado, de manejarse discrecionalmente la venta de la banda 2.5GHz, para favorecer comercialmente la Red Compartida… cosa que resultaría políticamente intransitable en estos tiempos.
