El recorte presupuestal aplicado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), particularmente a la subsecretaría de Comunicaciones, aquejada con el 59.9 por ciento del presupuesto asignado para 2017, respecto al ejercido durante este año, afectará la meta del Gobierno federal en la materia, una vez que al no ser suficiente, no podrá cumplir con el objetivo constitucional fijado de la universalidad de las telecomunicaciones y el acceso a la banda ancha, señaló el director general de la consultora especializada, The Competitive Intelligence Unit (CIU) Ernesto Piedras. producción nacional.
Y es que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 destaca por recortes de recursos y asignaciones omitidas a algunas instituciones y programas fundamentales para la materialización de este cometido, dijo el especialista.
El programa más afectado es el Proyecto México Conectado, fundamental para detonar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre la población, a partir de la instalación de sitios públicos con conectividad a internet, pues registra un recorte de 84.1por ciento, al pasar de una partida asignada de mil 816 millones de pesos en 2016, a tan solo 289 millones para el próximo año.
Para el ejercicio 2017, se propone un monto de recursos netos de mil 464 millones de pesos para la Subsecretaría de Comunicaciones, lo que representa una reducción en términos nominales de 59.9 por ciento respecto al gasto programado para este año.
En tanto, la partida prevista para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es 1.0 por ciento menor que aquella asignada para este año, con mil 980 millones de pesos para 2017.
Por su parte, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional recibirá 2.9 por ciento menos recursos en 2017, pues se prevé una ejecución de tan solo 20 millones de pesos.
El analista destaca que “Llama la atención la omisión explicita y en términos presupuestales de la partida para el Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), entidad que se debería encargar de garantizar la instalación de la red pública compartida y que de acuerdo con el decreto oficial que le dio origen debería contar con un patrimonio propio”, situación que a decir de titular de esa unidad Fernando Borjón, en el Proyecto inicial no es visible dicha partida.
