No fue novedad que Rivada Network, de Declan Ganley, se inscribiera con Spectrum Frontier para la licitación de la Red Compartida, sino que el consorcio Veta Grande, del empresario español Eugenio Galdón, cambiara de nombre por Altan y quedara integrado por Isla Guadalupe Investments, S.L.U., cuyo único socio es justamente Eugenio Galdón Brugarolas, consejero en Multitel y Val Comunicaciones y excabeza de la empresa Ono, que fue vendida hace algunos años a Vodafone.
Ellos van con Marapendi Holding B.V. (una holding financiera con sede en Ámsterdam y registro en Londres, pero con socios difíciles de distinguir), Hansam, S.A. de C.V., constituida por el abogado Miguel Escobedo, el chairman de Veta Grande; la Corporación Financiera Internacional, filial de financiamiento al sector privado del Banco Mundial, CMF Investment Company LI B.V, un fondo aparentemente alemán, pero no fácil de localizar en el registro de fondos de capital y dos fideicomisos cuyos administradores están aperturados son secrecía: Fideicomiso de Administración número 2.431, Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles denominado “Fflatam-15-2”, CTL, FF Latam, IGI y Fideicomiso Coinversión, además de los operadores de cable y telefonía fija que tienen operaciones minoristas: Megacable, que dirige Enrique Yamuni, y Axtel, que encabeza Rolando Zubiría. Estos dos últimos supongo podrán ser socios, pero no de control o decisión de acuerdo con la interpretación que dio el IFT, que preside Gabriel Contreras.
Mire, resultaría transparente que se dieran a conocer antes de que las mismas autoridades evalúen ofertas técnicas, quienes están asociados para construir la Red Mayorista, pues sería el mejor acto de transparencia. No dudo que Galdón y su equipo, tanto como Declancon Rivada, tengan la capacidad técnica y el soporte financiero adecuado para el despliegue de la red, pero con eso de los Panama Papers y la iniciativa BEPS lo que menos gusta son estructuras en las que la transparencia financiera y fiscal no son la prioridad.
De acuerdo con el proceso, a partir de hoy y hasta el 3 de noviembre se evaluarán las ofertas técnicas, tras las cuales se realizará un dictamen que se entregará el 4 de noviembre. A partir de esa fecha y hasta el 17 de noviembre se evaluará la solvencia de las ofertas económicas, que deben cumplir con el mínimo señalado en las bases de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
DE FONDOS A FONDO
#DeCompetencia. El próximo martes 25 de octubre, la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Barra Mexicana de Abogados, que encabeza Gonzalo Martínez Pous, recibirá en su comida mensual al vicepresidente y abogado general de AT&T, G. Troy Hatch, quien abordará un tema que a todas luces hoy resulta muy relevante: “Llevando a México hacia el futuro a través de la competencia”.
#QuienEsQuién? Una noticia que causó revuelo fue la notificación en el Diario Oficial emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, sobre el inició de una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional.
Es cierto que es un mercado complejo en el que los laboratorios fijan precios de referencia, las farmacias ofrecen descuentos y en medio están los distribuidores.
De acuerdo con la firma consultora IMS Health, el 33% de la distribución de medicinas está en los afiliados de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar) y el 25% se distribuye a través del sistema público de salud. En ese 25% deberá poner atención la Cofece, pues pocos distribuidores están concentrando gran parte de las compras de gobierno. Según datos del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica A.C. (IIIFAC), en las más recientes licitaciones del IMSS, por ejemplo, tres empresas ganaron el 59%: Grupo Fármacos Especializados, de José Antonio Pérez Fayad, obtuvo el 31%; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) el 17% y Farmacéuticos Maypo el 11 por ciento.
#MultototaAlaVista… Y un tema similar comienza a causar revuelo. Se acuerda que la Cofece, que presidía Eduardo Pérez Motta, determinó que cuatro farmacéuticas se coludieron para ganar licitaciones de insulina (Eli Lilly y Compañía México; Laboratorios Cryopharma; Probiomed y Laboratorios Pisa) entre 2003 y 2006. Bueno, luego de diez años de litigio, finalmente el IMSS, que dirige Mikel Arriola, y con la resolución final de la Suprema Corte de Justicia, que preside el ministro Luis María Aguilar, de noviembre del año pasado que dejó en firme la resolución de la exCofece, presentó la demanda de daños y perjuicios contra las cuatro compañías por cerca de 200 millones de pesos y en estos días también está presentado la demanda contra los laboratorios Pisa; Fresenius Kabi y Baxter por una coordinación ilegal en las licitaciones de suero inyectable en el periodo de 2003 a 2006.
Dirá que los abogados podrán defender el caso aduciendo que ya prescribió el delito, pero como el proceso fue largo y pasó por todas las instancias judiciales, antes de proceder a demandar, el IMSS solicitó una consulta judicial a la mismísima Corte y ésta le respondió que toda vez que era un asunto sub júdice no había prescrito. Así que la reparación del daño de esta colusión, la primera que se determinó, no sólo será histórica para el IMSS sino para el país, porque sienta un precedente no inscrito en los anales de la historia de la competencia en México y del sistema nacional de salud.