David Páramo | Dinero en Imagen | 24 de Septiembre 2015
El Comité Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones es algo similar a un premio de consolación a quienes no les alcanza la calificación necesaria para ser comisionados (verá que algunos volverán a tratar) o un lugar donde se pone a los que se han autonombrado expertos del sector de las telecomunicaciones para tratar de apaciguarlos. Desde el punto de vista teórico, se trata de un órgano de consulta del IFT que tiene como principal misión tener una visión de la sociedad civil, cualquier cosa que eso sea, sobre las telecomunicaciones.
Como hemos señalado en esta columna una y otra vez, no existe tal cosa como la sociedad civil, puesto que ninguno de los que dicen hacerlo en el sector de las telecomunicaciones tiene un arraigo cercano con la gente. Se trata de opinadores, empleados de algunas empresas y figuras similares que, reitero, en la mayoría de los casos les faltó un cuarto para dar el kilo y tener una posición como consejeros o hasta empleados del organismo que preside Gabriel Contreras. Sin embargo, quienes integran este Consejo Consultivo no han entendido su verdadera función y se pierden entre tratar de ser cuasi comisionados del IFT o creen que se trata de un órgano de decisión que puede tomar determinaciones a favor de los que ellos creen como lo correcto.
AUDIENCIAS
La nueva locura de los miembros del Comité Consultivo del IFT es tratar de imponer un código que supuestamente pretende defender a las audiencias que presenta cualquier cantidad de problemas. Primero, ¿ya le preguntaron a las audiencias? Hasta el momento no existe un estudio claro, cierto y bien realizado sobre los deseos y necesidades de las audiencias. Estos tipos creen que lo que a ellos les gusta, lo que piensan o creen, es lo que piensan las audiencias. Peor, la visión puede ser mucho más soberbia por parte de estos individuos. Imaginan que aquello que ellos piensan es lo que necesitan las audiencias, aun cuando no se hayan dado cuenta. Ya basta de que a los usuarios de los medios de comunicación se les trate como imbéciles que no tienen capacidad de elegir lo que prefieren en un mercado altamente competido y en el que cada vez hay una mayor cantidad de opciones. Hay quienes, tristemente, se quedaron con una visión de hace 30 años y no logran superar el trauma.
Segundo. Su intento de crear un supuesto código para proteger a las audiencias no sólo viola las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo del IFT que, es necesario repetirlo, es tan sólo un órgano de consulta, supuestamente técnico para que la autoridad pueda tomar mejores determinaciones. De hecho, el documento que andan circulando se da unas atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Gobernación en cuanto a la normatividad de los medios de comunicación o, en el extremo, al Congreso de la Unión puesto que se tendrá que legislar. Ojo, otra vez no le corresponde a un consejo menor tomar decisiones legislativas.
MOTIVACIONES
En el Consejo Consultivo, hasta donde caben quienes se vendían por 15 mil pesitos al último presidente de la Cofetel, parece que existe algo más que un ego inflado al nivel de estupidez, sino que también hay una mala intención de carácter político. Parecería que el documento que andan inflando tiene como objetivo establecer una suerte de censura inaceptable a los medios de comunicación de cara a los procesos electorales para beneficiar a grupos específicos. Parecería que la intención de fondo es pasar de ser “expertos” en telecomunicaciones para convertirse en empleados de ciertos grupos de poder político con los que suelen vincularse. Ya ve, los antidemocráticos que suelen esconderse en lo que algunos llaman las mejores causas sociales.
ACCIONES
Es difícil creer que el pleno del IFT caerá en el truco político que le está poniendo su consejo consultivo. Una de las principales ocupaciones del órgano colegiado es cuidar el buen nombre y la solidez institucional del IFT, por lo que se han distinguido por ser un órgano técnico a favor de los consumidores, no del poder económico o empresarial. Sin embargo, es necesario que se tomen algunas determinaciones de fondo. Por un lado el pleno del IFT debe dar el verdadero nivel a un órgano de consulta. La Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, recordarles quién tiene la atribución constitucional.