De entrada, ¿qué demonios hace un asunto tan específico como la fecha límite de transición digital de la televisión en la Constitución, así sea en un transitorio? Hay un abuso de la Carta Magna que se utiliza hasta de pizarrón parroquial, con asuntos que son dignos de un reglamento y no de ser incluidos en el eje rector de las leyes del país.
Pero el tema es que hoy existe una polémica sobre la conveniencia o no de postergar el apagón analógico, porque simplemente hay muchos millones de personas que no están preparadas para ello.
Si le preguntan a la autoridad, no se va a despeinar y repetirán hasta el cansancio desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la fecha límite es el 31 de diciembre de este año. Y que ellos están obligados a cumplir la ley.
Tampoco se podrían oponer a una prórroga, sobre todo si han fallado en el diseño y entrega de los equipos digitales a las personas de bajos recursos. El apagón analógico de Monterrey encendió los focos de alerta porque en uno de los estados más ricos del país hoy existen miles de personas sin el servicio de televisión abierta. ¿Qué podría pasar en Chiapas o en Oaxaca?
Están ahí los medios de comunicación con una clara agenda en contra de las televisoras que no desaprovechan una sola para supurar su odio y el tema de la transición a la televisión digital terrestre les sirve perfecto para sus intereses siempre tan peculiares y de tan poco interés social.
Y se valen de personajes muy menores que pudieron estar en posiciones burocráticas mayores, incluso en el área de las telecomunicaciones, para vomitar todos sus rencores personales en un micrófono y no en un diván.
La realidad es que no pasa nada si se extiende el plazo. Porque contrario a lo que dicen los expertos con agenda dogmática, los que pierden con una prórroga son los concesionarios privados.
Empresas como Televisa o Televisión Azteca ya invirtieron fuertes cantidades de dinero para migrar hacia la tecnología digital y hoy están listos para apagar sus transmisores analógicos.
Los que no están listos son muchos permisionarios estatales de la televisión pública que no han tenido o no han ejercido los presupuestos necesarios para la migración.
Si se opta por dar algún plazo adicional, las empresas televisoras tendrían que encender los equipos nuevos, sin poder desconectar los viejos. Una doble operación a la que están dispuestos.
Además los legisladores de los principales partidos políticos se dicen dispuestos a reconsiderar la pifia de elevar a rango constitucional una fecha tan arbitraria. Es algo relativamente sencillo cuando hay mayoría calificada y el hecho de que Morena vote en contra es como la prueba de que es un cambio bien hecho.
Ahora, no hay que pecar de ingenuos. Una prórroga cubre la ineficacia gubernamental de cumplir con las entregas prometidas y no permite la liberación de una parte importante del espectro que permita reacomodar la nueva oferta.
Pero ante el panorama que se pinta de privar del derecho a la información a millones de mexicanos, eso aparece como el mal menor.
La ampliación del plazo que viene, debe ir acompañada de un programa puntual y estricto de preparación para el cambio. Tanto de entrega de televisores o decodificadores, como de dotar a las televisoras del estado de los transmisores necesarios.
