2021.12.07
Vía El Heraldo de México
Carlos Mota
Para algunos, era muy evidente que fortaleció su posición de mercado en el segmento de televisión de paga, ejerciendo un dominio sin paralelo en sitios relevantes.
Algunas empresas que incurren en prácticas anticompetitivas son reincidentes. Una notoria en el sector de telecomunicaciones es Megacable, que tuvo que ser investigada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por la compra que hizo hace 22 meses de 50 mil suscriptores de Axtel, así como de su red de fibra óptica en varias ciudades de Guanajuato, Estado de México, Puebla, Jalisco y Querétaro.
Pues bien, el lunes de la semana pasada, el IFT determinó que esta empresa sí tiene poder sustancial de mercado en el servicio de televisión de paga, conforme lo que está escrito en la Ley Federal de Competencia Económica, que instruye a la autoridad a determinarlo, entre otros factores, por la participación que tiene el agente económico en determinado mercado, así como por su capacidad para fijar precios o imponer barreras a otros oferentes del mismo servicio.
Para el IFT —y ante los ojos de cualquiera—, era evidente que Megacable fortaleció su posición de mercado en el segmento de televisión de paga, ejerciendo un dominio sin paralelo en sitios muy relevantes, como Guadalajara, donde se encuentra su sede.
Se trata de prácticas indebidas que deben ser sancionadas y que preocupan en el sector; y que están prohibidas no sólo en México, sino en varias partes del mundo. Megacable estaría inhibiendo la posibilidad de que otros proveedores de televisión de paga o de triple play puedan ofrecer sus servicios al consumidor, al forzarlo a suscribirse a un combo de banda ancha y TV. Mal.
Es altamente probable que, tras detectar estas prácticas anticompetitivas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones opte por intervenir. La autoridad no puede ser omisa y debe erradicar la perversidad que significa obligar al consumidor a que contrate servicios que no quiere.
RAMÍREZ DE LA O y PEMEX
Desde hace varias semanas, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, estaba ocupado en corregir el rumbo de Pemex, sobre todo, en la administración financiera. El anuncio de ayer es la conclusión de una revisión profunda a esa gestión. El gobierno apoyará e impulsará a la empresa que conduce Octavio Romero tanto con tres mil 500 millones de dólares, como con una carga fiscal sustancialmente menos onerosa (se reducirá a 40 por ciento).
Pero la gestión financiera será controlada desde Palacio Nacional, y se abre la puerta para que “el Sector Público” pueda “coinvertir en proyectos de exploración y explotación”. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muchas. Quien coinvierte también codecide.
