vía El Financiero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver hoy la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de Derechos de las Audiencias.
LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver hoy la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), en materia de Derechos de las Audiencias.
El ponente es el ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone declarar inválido el Decreto de octubre de 2017 que el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió, una suerte de “ley mordaza”.
Este decreto, firmado por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora le viene como “anillo al dedo” al gobierno de la 4T en la pugna contra los medios críticos.
Y es que, al igual que en la estrategia del peñanietismo, el obradorismo está echado para delante en obligar a la radio y la televisión y a sus comentaristas a distinguir entre la información y la opinión.
El planteamiento del ministro Pérez Dayán sostiene que la expedición del decreto de hace cinco años no cumplió con las etapas establecidas en el artículo 72 constitucional y el Reglamento de la Cámara de Senadores.
Por ello, los legisladores no conocieron con el tiempo suficiente el proyecto de reforma y, como consecuencia, no se debatió adecuadamente el contenido y fondo entre las diferentes fuerzas políticas.
Tampoco se realizaron consultas a sectores de la población afectados por los cambios, principalmente personas discapacitadas y concesionarios de estaciones de radiodifusión en pueblos indígenas.
Otros que no fueron escuchados, y que es a quienes se dirigió la reforma, fueron los medios de comunicación masiva que tienen derecho a participar en la discusión de las leyes que les afectan.
Es precisamente a este rubro al que ahora enfila sus baterías el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no desperdicia ninguna de su conferencia mañanera para arremeter contra las voces críticas.
Lo que el pleno de ministros discutirá y en su caso aprobará hoy es si confirma imponer limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, afectando los derechos de las audiencias, o lo rechaza.
La Corte debiera declarar la inconstitucionalidad de la reforma de 2017 y ordenar el restablecimiento del proceso, mediante el debate abierto entre todas las fuerzas políticas del Congreso.
Se tienen que oír a los concesionarios de la radiodifusión en cuanto a los derechos que les asisten y quienes aplican las reglas establecidas en la ley en materia de derechos de las audiencias.
Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Norma Piña, Margarita Ríos-Farjat, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Arturo Zaldívar pasarán a la historia según den sentido a su voto.
Otra vez los ministros tienen en su manos un expediente crucial para la vida democrática del país: o se alinean a la 4T o dan muestras de independencia, al igual que en el tema de la prisión preventiva oficiosa, que también debe votar el lunes 5 de septiembre.
En ambos casos sería preocupante y aterrador que en un Estado democrático, la instancia de impartición de justicia y garante de las libertades tenga una resolución totalmente autoritaria.
Debemos estar muy atentos al proceso y saber si los ministros le dan la espalda a las audiencias y se irán en contra de uno de los pilares de las democracias: la libertad de expresión.
SOBRE EL OTRO gran tema de la Corte, su postura frente a la prisión preventiva oficiosa, como le adelantamos el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marcó posición respecto de ese recurso que ha empoderado al gobierno de la 4T y cuyo principal defensor es el secretario de Gobernación. El viernes Adán Augusto López, uno de los tres aspirantes de Morena para ser el candidato presidencial en el 2024, se plantó en la plenaria del partido que dirige Mario Delgado y lanzó críticas contra el proyecto del ministro Luis María Aguilar que busca eliminarla. Por lo pronto la CIDH dio palo a la prisión preventiva oficiosa y recomendó liberar a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar Ortiz, quienes llevan 17 años (no 19 como apuntamos aquí) presos sin sentencia. A ambos los defiende el ministro en retiro José Ramón Cossío, quien se le puso enfrente ya a los apoyadores de ese recurso que es calificado de arbitrario y violatorio de la presunción de inocencia, para que siga creciendo la animadversión de Palacio Nacional contra uno de los asesores jurídicos más fuertes del Consejo Nacional de Litigio que abanderan Claudio X. González y Gustavo de Hoyos y que ha frenado megaproyectos como el Tren Maya y en su momento el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
OTRO QUE REGRESÓ con nuevos bríos es Julio Scherer Ibarra. Al igual que el ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el ex consejero Jurídico de Andrés Manuel López Obrador recibió línea para operar a todo lo que da a favor de Claudia Sheinbaum. Scherer organizó el miércoles de la semana pasada en la CdMx una cena para la Jefa de Gobierno en el penthouse del empresario Armando Garza Sada. El presidente del Grupo Alfa, que en el gobierno de la 4T tomó el liderazgo del Grupo Monterrey ante la caída de José Antonio Fernández Carbajal, el mandamás de los Oxxos y de Femsa, tiene una casa en Polanco, en Campos Elíseos. Hasta allá se trasladaron Raúl Gutiérrez Muguerza de Deacero, Adrián González Cueva de Vitro, Rogelio Zambrano de Cemex y Enrique Zambrano de Proeza. Solo cinco del llamado Grupo de los 10 asistieron. Cenaron por espacio de hora y media. No hubo alcohol, a pesar de que al anfitrión le gusta el buen vino y el tequila. No se habló de Sheinbaum como candidata a la Presidencia por Morena. Se abordaron temas de la CdMx y del entorno político nacional. Fue un primer encuentro, corto, y de acercamiento con un personaje clave para la sucesión de 2024.
SEIS AÑOS DESPUÉS llegó la inhabilitación contra el llamado “Cártel de los Chupasangre”. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a los proveedores que desde 2016 se repartían los contratos del IMSS e ISSTE en servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre. Apunte ahí, entre otras, a Dicipa de Francisco Pallard, Centrum de Valentín Campos, Impromed de Fernando Chaín, Selecciones Médicas de José Antonio Pérez Fayad y Hemoser de Ignacio Higadera. En 2016 el entonces director del Seguro Social, Mikel Arriola, presentó la denuncia por prácticas monopólicas, pero no fue hasta 2020 cuando la Comisión Federal de Competencia Económica, de Brenda Grisela Hernández, que les aplicó multas por más de 620 millones de pesos. Ahora los sabuesos de Roberto Salcedo los vetan por siete años en licitaciones del gobierno.
A LA QUE también está que no la calienta el sol es a la señora Julia Abdalá. Aquí denunciamos hace semanas que la pareja del director de la CFE, Manuel Bartlett, es la principal promotora de la compañía china Harbin Electric y de su aliado Jolla. Estas firmas ganaron apenas en marzo por adjudicación directa la planta de ciclo combinado de Manzanillo para producir 250 megawatts, contrato cercano a los 300 millones de dólares y del que ya acusan atrasos en su implementación. Pues bien, la terna Abdalá-Harbin-Jolla acaba de perder el negocio de la segunda fase de la granja solar de Puerto Peñasco. Este megaproyecto al que le hemos seguido aquí la pista, es de 800 millones de dólares y todo indica que lo va ejecutar el grupo mexicano Eléctrica Aselec, de Edgardo Meade, en sociedad con China Energy Engeneering Coroporation.
