Fernando Damián | Milenio | 27 de Septiembre 2015
Alejandro Ojeda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, instó al pleno del Senado de la República a frenar la aprobación de la ley reglamentaria del derecho de réplica y desechar el dictamen aprobado ya en comisiones.
Sostuvo que dicho proyecto no solo contiene subterfugios que en los hechos anulan el derecho de réplica, sino que obligan a judicializar el proceso, a contrapelo de un ejercicio expedito, gratuito, equitativo y confiable, como marca el derecho internacional.
Llamó a los senadores de todas las fuerzas políticas, pero en particular a los de PRI y PVEM, a escuchar argumentos, a no cerrarse al diálogo con otros grupos parlamentarios, pero principalmente con las organizaciones no gubernamentales opositoras a la referida ley.
“Esos dos partidos deberían valorar que perderían más políticamente si imponen una mayoría sorda y draconiana, que si se abren al diálogo y la búsqueda de mayores consensos, porque de lo contrario dejarían muy clara su servidumbre a los poderes fácticos que dominan los medios de comunicación”, indicó.
Ojeda señaló el dictamen aprobado en comisione senatoriales obliga a los ofendidos a presentar la carga de prueba, es decir, el compromiso del agraviado de presentar copia del escrito o del programa radiofónico o televisivo, pues de lo contrario no se puede iniciar el proceso judicial.
Cuestionó asimismo la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a inserciones pagadas, infomerciales o gacetillas electrónicas para ejercer su derecho de réplica, ofreciendo así un “jugoso negocio” a los medios de comunicación.
Por el contrario, indicó el legislador, la ley debe establecer de manera muy clara que la réplica es gratuita, expedita y general; sin embargo, tal como aprobaron el dictamen en comisiones, se obliga a los afectados a contratar, en la misma vía y con el mismo costo, un espacio para ejercer su derecho.
“De aprobarse por el Senado dicha legislación, tal como la mandó la Cámara de Diputados hace casi dos años, sería violatoria del artículo 14 del Pacto de San José en materia de derechos humanos, pues ahí se consagra el derecho de réplica, mismo que debe ser protegido por el Estado y garantizar que existan procesos que aseguren su cumplimiento efectivo”, puntualizó el diputado federal del PRD.